Políticas de acceso abierto

Las poltícias en favor del acceso abierto proliferan, no sin dificultades. Hace unas fechas, Jennifer Howard publicaba en el Chronicle un breve sobre el particular, titulado “Universities and Libraries Envision a ‘Federated System’ for Public Access to Research”. Pero antes de entrar en materia, recordemos algunas cosas sobre este lado del Atlántico. Por un lado, el impulso que en el caso británico supuso el informe de la Royal Society, que algunos ven como origen de lo ocurrido entre los norteamericanos (informe que, como curiosidad, lleva en la portada “The Spanish Cucumber E. Coli”, por razones que les dejo averiguar). Por otro, las penalidades en ciertos países más al sur, bien sea la esquizofrenia francesa o las dificultades españolas para cumplir lo señalado hace ya dos años por la ley de ciencia y tecnología.

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Dicho lo cual, volvemos al artículo que firma J. Howard:

A medida que las agencias federales se apresuran a cumplir con el plazo del 22 de agosto para cumplir con una reciente directiva de la Casa Blanca sobre la ampliación del acceso público a la investigación, distintas organizaciones de universidades y bibliotecas han expresado tener una solución viable en el contexto de la educación superior. Esta semana [la de primeros de junio], la Association of American Universities, la Association of Public and Land-Grant Universities y la Association of Research Libraries han preseentado un plan que denominan Shared Access Research Ecosystem, o Share.

Share ampliaría los sistemas que las universidades y las bibliotecas han venido construyendo para apoyar la difusión y preservación de la investigación. Los grupos qe respaldan esta iniciativa han hecho circular un documento, fechado el 7 de junio, que fija sus fundamentos.

Las instituciones académicas han invertido mucho en “las infraestructuras, las herramientas y los servicios necesarios para facilitar el acceso efectivo y eficiente a sus investigaciones”, se indica en el documento. “Share prevé que las universidades colaborarán con el gobierno federal y otros para alojar repositorios digitales interinstitucionales de las publicaciones de investigación de acceso público”.

Con Share, cada universidad o instituto de investigación que recibe fondos federales de investigación designaría un repositorio digital existente “como el sitio en donde se depositarán sus artículos para el acceso público y la conservación a largo plazo”, en cumplimiento de los requisitos de la política de la administración Obama. Muchas universidades ya tienen depósitos digitales en funcionamiento, otras no. En este último caso, por ejemplo, na institución más pequeña podría designar a una de las universidades públicas de su Estado como lugar de depósito.

El documento también hace hincapié en los elementos que serían esenciales para hacer dde Share una fórmula viable para cumplir con la nueva política de acceso público. Por ejemplo, los investigadores principales necesitarían identificadores como los números Orcid para el seguimiento de su actividad investigadora, y todas las publicaciones debería tener los términos de la licencia de derechos de autor incrustados en sus metadatos para que los sistemas de depósito supieran cómo manejarlo.

Con los protocolos establecidos, Share sería “un sistema federado de repositorios universitarios”, dijo en una entrevista John C. Vaughn, vicepresidente ejecutivo de la Association of American Universities. “Potencialmente, hay una manera de conectar todo el corpus de las instituciones de educación superior de Estados Unidos que reciben fondos federal para investigar”.

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Vaughn señaló que la directiva de la Casa Blanca, emitida en febrero por la Office of Science and Technology Policy, encaja bien con la política de las universidades y las bibliotecas “para almacenar y compartir las investigaciones. Las universidades que reciben fondos federales de investigación “tiene una larga relación con estos organismos”, añadió. “Si vamos a construir estos depósitos de todos modos y queremos interconectarlos para nuestros propósitos, tenemos el marco de un sistema capaz de gestionar el contenido y proporcionar el acceso que la directiva OSTP está demandando”.

Prue Adler, directora ejecutiva asociada de la Association of Research Libraries, destacó que las bibliotecas y universidades que participan tienen gran interés en apoyar la petición del gobierno. “Tenemos muchas ganas de que la política OSTP tenga éxito”, dijo. “Hemos trabajado con los demás durante años para que sea una realidad. En lo que ahora nos centramos, a través de Share y sobrepasando los campus, en es su fructífera implementación”.

Los editores ya han propuesto su propia solución al problema de cómo cumplir con la directiva de la Casa Blanca, que afecta a agencias que tienen presupuestos de investigación externos de 100 millones de dólares o más. Con el nombre de Clearinghouse for the Open Research of the United States, o Chorus, su plan se basaría en infraestructuras que los editores ya tienen en funcionammiento, haciendo de ellas un canal para un mayor acceso del público a los artículos de revistas y los conjuntos de datos respaldados por subvenciones federales para la investigación.

“Hay muchas similitudes entre nuestra propuesta para este sistema federado de repositorios y la propuesta de los editores para la interconexión de todos sus sitios Web que contienen su material publicado”, dijo Vaughn. “Pero también nos dicen a nosotros, las universidades, ‘podemos manejar buena parte de los requisitos que nos exigen cunplir”.

Aunque esto suena atractivo, dijo Vaughn, los editores y las universidades tienden a estar en desacuerdo acerca de cuánto debería estar disponible en un sistema federado y lo que se podría hacer con ese material. La propuesta de Share, por ejemplo, prevé que la minería de texto y la de datos, y otra reutilización de la investigación, fuera posible cuando los permisos necesarios estuvieran listos.

“Creo que tenemos que seguir trabajando con los editores”, dijo Vaughn, aunque reconoció que “muchos de mis colegas no están de acuerdo”. Manejar millones de artículos de investigación sin ayuda de los editores es una tarea de enormes proporciones, dijo. “Pero creo que los editores tienen que cambiar su forma de operar para convertirse en un socio de fiable en este sistema”.


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