No es nada habitual que en esta bitácora aparezcan novedades rusas o estudiosos de ese origen. Lo habitual es que, al hablar de aquel país, nos refiramos a Orlando Figes, a Richard Edgar Pipes o a cualquier otro académico occidental. De hecho, las distancias idiomáticas solo nos permiten entrever alguna noticia en lo publicado en los medios occidentales o si, como ya va siendo el caso, algunos profesores rusos viajan o se establecen en esta parte del mundo (que se supone es ya la suya). Es lo que ocurre con la historiadora Ekaterina Pravilova que, tras una breve pero densa carrera en su país de origen, se trasladó a Princeton, donde sigue. Y así allí donde ha publicado su primer libro en inglés, titulado A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia (Princeton UP), una obra con una perspectiva bien interesante.

Así pues, dada la rareza del caso, no estará de más una breve lectura con algunos párrafos de la introducción a dicho volumen:

El largo siglo XIX europeo (1789-1914) fue rico en innovaciones audaces y grandes decepciones. El auge del nacionalismo, la “cuestión social”, el feminismo y los nuevos modelos de administración pública y política económica se acompañaron de la desaparición de conceptos bien asentados. Tal fue la suerte del individualismo, definido por Anthony Arblaster como el “núcleo metafísico y ontológico” del liberalismo clásico. El individualismo y su corolario -el principio de la propiedad privada inalienable- se habían visto como el mayor logro conceptual de la Europa posrevolucionaria. Sin embargo, a finales de siglo, esta joya de la corona del orden liberal se vio ampliamente criticada y desprestigiada en favor de doctrinas más sociales, comunitarias y estatalistas. Este cambio ideológico reflejó y contribuyó a la vez a una profunda transformación del Estado. El nuevo Estado que resultó es mucho más familiar para nosotros que el “Estado guardián” ideal popularizado por los liberales del temprano siglo XIX. Contrariamente a las creencias liberales tempranas, los poderes del gobierno aumentaron de forma constante durante el siglo XIX , desarrollándose internamente a través de la racionalización del aparato estatal, la profesionalización de la burocracia y la afluencia de expertos y tecnócratas. Los Estados también asumieron nuevas funciones en las áreas del bienestar y la protección social, la regulación económica y la orientación cultural,  mientras transferían muchas de sus tareas a los organismos públicos. Como resultado, el gobierno se convirtió a la vez en más visible y transparente y en más intrusivo.

El Estado no fue, de hecho, el único beneficiario del declive del individualismo: una de las consecuencias más importantes y visibles de este desarrollo fue el crecimiento del dominio “público” a expensas de las propiedades privadas. Muchos de los objetos y recursos que  anteriormente habían contribuido a crear buena parte de la riqueza privada del Antiguo Régimen y de la Europa posrevolucionaria cambiaron de manos y pasaron a ser regulados por agencias estatales o por organismos públicos. La propiedad privada de cosas públicamente importantes fue limitada mediante restricciones elaboradas por expertos sobre la base de principios “científicamente” establecidos y reforzados por el gobierno. En la segunda mitad del siglo XIX, se asiste al desarrollo de trusts públicos que poseen antiguas fincas privadas ahora apreciadas como valiosos monumentos históricos. Actuando en nombre de la nación, el Estado introdujo nuevas normas que limitaban la libre disposición de bosques de propiedad privada; ricos terratenientes no podían cazar en sus propias fincas si la ley designaba su presa potencial como especie protegida. Los propietarios privados tenían que aceptar la continua expropiación de sus posesiones para la construcción de lugares “públicos” -nuevas calles, avenidas y plazas, así como de ferrocarriles de interés público y de otros medios de comunicación. Los liberales, sin embargo, no percibieron esta creciente intrusión como una amenaza a las libertades privadas: la propiedad privada inalienable dejó de ser el principal e incondicional atributo de la libertad personal, mientras que la posibilidad de construir espacios para la vida pública llegó a ser visto como el requisito previo de la la libertad colectiva de la sociedad. Este proceso culminó con la impresionante movilización de recursos materiales y humanos durante la Primera Guerra Mundial, la temporal nacionalización de los recursos y la restricción de los mercados libres. Es difícil imaginar cómo los Estados involucrados en la guerra total, ante todo Gran Bretaña y Francia, podrían haber convencido a los ciudadanos de renunciar a sus libertades y sacrificar sus posesiones si la ideología neoliberal y tolerante con el Estado no hubiera hecho tales progresos espectaculares en las décadas que precedieron al estallido del conflicto. Renunciar a las posesiones en aras de las necesidades de la guerra llegó a ser visto como un “ingrediente esencial de la virtud republicana”, tanto una gran parte del esfuerzo de guerra como la mobilización militar. Por sí solo, el nacionalismo no podría haber conseguido que la enorme presión de la guerra no desembocara en conflicto social: la idea de una causa común que era superior a la riqueza privada contribuyó así, al menos indirectamente, al éxito de la movilización.

Este libro explora el desarrollo de la esfera pública en el Imperio Ruso. Examina el cambio de límites -en términos de conceptos y prácticas jurídicas- en la propiedad en Rusia desde la época de Catalina la Grande a la Primera Guerra Mundial y a las revoluciones de 1917 para mostrar la emergencia de una nueva visión de la sociedad y de unas nuevas prácticas de tratamiento de las “cosas públicas” -ríos, bosques, monumentos históricos, objetos de arte y obras maestras literarias. El objeto principal de mi investigación es un fenómeno que nunca fue institucionalizado en las leyes rusas, pero que sin embargo existía en la imaginación, la retórica y la política de la gente -el concepto de “propiedad pública”, la res publica-, un mundo de cosas susceptibles de ser poseídas por el público, un mundo aún gestionado por el Estado en nombre del público. Esta visión se asemejaba en sus contornos generales a las ideas de los neoliberales en Gran Bretaña, a la filosofía social de los solidaristes franceses y a los conceptos legales de la jurisprudencia y de la sociología alemana y austriaca de finales del siglo XIX .

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(…) Como ha mostrado Carol Rose,  la existencia de la “propiedad inherentemente pública” fuera de la mera propiedad privada y de la  “propiedad pública” controlada por el gobierno había sido reconocida por el derecho común desde la Edad Media. El establecimiento de un orden económico liberal en Inglaterra y los Estados Unidos dejó intacta la esfera de las cosas públicas “colectivamente `poseídas´y manejadas´por la sociedad en general”: carreteras, calles, ríos y lugares de esparcimiento públicos conservan su estatus, santificado por la tradición. Los tribunales llegaron a reconocer los derechos de propiedad de un “público no organizado”, a pesar de algunas dificultades iniciales para enmarcar la tesis en favor de un propietario invisible.  Más importante aún, el régimen de gobierno constitucional estableció la distinción entre “público” y “estatal” como algo, si no  totalmente sin sentido, al menos no políticamente importante. En la Europa continental, el proceso de construcción de un dominio público independiente de la posesión, tanto privada como estatal, fue impulsado por la Revolución Francesa, que proclamó la soberanía de la nación, apoyéndose en su facultad de disponer de las cosas públicas. La res publica romana fue citada como origen de este modelo legal, lo cual le daba una apariencia más legítima y universal. A finales de siglo, casi todos los códigos de leyes europeas reconocieron la existencia de un dominio público que siguió creciendo y que incluía muchos objetos que antes se consideraban privados.

En Rusia, por el contrario, faltaban muchas de estas condiciones para el desarrollo de un dominio público: “las cosas inherentemente públicas” fueron cercadas por los propietarios privados, mientras que los cambios revolucionarios en el derecho civil que se extendieron por la Europa continental no tuvieron mucho impacto sobre las prácticas autocráticas rusos. Sin embargo, la idea de dominio público sí tuvo impacto. La creación de un dominio público, esperaban sus partidarios, sería el sustituto para la ausente soberanía popular, creando así la base material para el surgimiento de una sociedad civil y contribuyendo al fortalecimiento de los lazos de una sociedad dividida en múltiples grupos culturales y estamentales. Carol Rose recuerda a los actuales juristas y responsables políticos que “la principal lección de las doctrinas del siglo XIX” es que las cosas públicas son esenciales para la sociabilidad; sin propiedad pública, “el público” se convierte en “una turba sin forma”. Los intelectuales rusos, que luchaban por la libertad de la sociedad para poseer sus cosas públicas, abrazaron un programa que era similar, pero aún más ambicioso. Asumieron que se podría crear la nación dándole un fundamento material. Este programa, en efecto, ofrecía una alternativa a las doctrinas políticas radicales que finalmente aparecieron en la Revolución Rusa. La idea de un dominio público destinado a curar las enfermedades del mundo, construido sobre la base de la propiedad privada, sin eliminar esta propiedad por completo. Por el contrario, la propiedad privada era esencial para la construcción de un nuevo sistema que abarcaría diversas formas de propiedad .

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