Los debates sobre el denominado Open Access no cejan y ahora han sembrado la duda en uno de los territorios más reticentes, el de la edición universitaria. A principios de junio Peter Suber recogía en su blog la declaración firmada por los representantes de la University Press of Florida, University of Akron Press, University Press of New England, Athabasca University Press, Wayne State University Press, University of Calgary Press, University of Michigan Press, Rockefeller University Press, Penn State University Press y University of Massachusetts Press.

Por supuesto, no se trata de grandes editoriales, pero el asunto es significativo. Los firmantes señalan, entre otras cosas, que dan su apoyo al libre acceso a los artículos de revistas de contenido científico, técnico y médico a partir de los doce meses de su publicación, dado que entienden que la investigación académica financiada por instituciones públicas es un bien común y como tal debe ser tratado.

No obstante, este debate ha de ser situado en su contexto adecuado. Hay que señalar, por ejemplo, que la Association of American University Presses (AAUP) siempre se ha mostrado contraria a esta posición abierta y, en particular, a abrir los textos que han sido financiados por los poderosos National Institutes of Health. Una posición, por otra parte, que muchas veces es contraria a la que defienden los profesionales interesados, como se ha señalado en Insidehighered.

En realidad, no es que la AAUP se haya opuesto, pero dado su potencial económico teme el impacto financierto que esa medida les pudiera ocasionar. De ahí que se adhirieran a la llamada Conyers bill:   “Los miembros de la AAUP  apoyamos firmemente el libre acceso a la literatura acaémica a través de cualquier medio, siempre y cuando esos medios incluyan una financiación o un modelo de negocio que mantenga la inversión necesaria para hacer que el trabajo más antiguo sea de libre acceso  y permita continuar con la publicación de nuevos trabajos”. “Sin embargo, tratar de ampliar el acceso rebajando la protección de los derechos de autor en las obras derivadas de la investigación financiada por el gobierno federal va totalmente en la dirección equivocada, y erosionará gravemente la capacidad de los miembros de la AAUP para publicar tales trabajos en sus libros y revistas”.

Como dice Mike Rossner (Rockefeller University Press) en Insidehighered,  la AAUP presenta como incompatibles cosas que no lo son,  el apoyo al libre acceso y un plan de negocios para las editoriales universitarias. Según afirma, su Universidad abrió en 2001 el acceso a material con más de  seis meses y los ingresos procedentes de suscripciones de revistas ha aumentado durante ese tiempo.

Peter Givler, director ejecutivo de la AAUP, expone que  los miembros de la asociación tienen derecho a expresar su postura, pero que “hemos tomado esta posición por considerar que refleja los puntos de vista de una gran mayoría de nuestros miembros”.