Iniciamos semana con un país que nos acompañará de algún modo toda ella. ¿Quieren ustedes saber qué le ha pasado a Italia en los últimos años y cuál es el peso del pasado en el presente? ¿Creen que de ello pueden extraerse lecciones para otros lugares cercanos? En caso de que la respuesta sea afirmativa, y aun no siéndolo, recomiendo el volumen que la historiadora italiana Simona Colarizi ha dedicado a desentrañar lo que le ha ocurrido a su país desde 1989:  Passatopresente. Alle origini dell’oggi 1989-1994 (Laterza).

Añadiré que éste no es el único libro de interés que ha aparecido en los últimos meses para abordar este asunto. Por ejemplo, y entre varios otros, acaba de aparecer I presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nell’Italia repubblicana: Storia, politica, istituzioni, editado por Sabino Cassese, Alberto Melloni y Alessandro Pajno (Laterza); y antes Andrea Capussela publicó Declino Italia (Einaudi) y Giulia Albanese editó un interesante Il fascismo italiano. Storia e interpretazioni (Carocci).

Pero volvamos a Colarizi y su libro, cuyas palabras iniciales son las que siguen:

“En las tres subdivisiones del tiempo desarrolladas por San Agustín -el presente del pasado, el presente del presente, el presente del futuro- “el presente del pasado es la historia” a través de la cual se reconstruye precisamente esa serie de acontecimientos sobre los que se ha construido “el presente del presente”. Esta cita acompaña constantemente a los historiadores en su labor de análisis, a través de la cual establecen las particiones del tiempo, que son decisivas para valorar la profundidad de las rupturas que marcan el final de una época y el comienzo de otra, pero también la duración de los elementos de continuidad entre un antes y un después.

A pesar de la abundancia de publicaciones sobre el final de los partidos que fundaron la República democrática antifascista en 1945, aún quedan muchos aspectos de este acontecimiento histórico que deben ser estudiados en profundidad; en particular, aquellos numerosos legados del antiguo sistema político que, después de más de treinta años, en lugar de desvanecerse, se han multiplicado hasta convertirse en rasgos dominantes de la segunda República. No es de extrañar, por tanto, que las apasionadas polémicas sobre esta etapa hayan persistido en el tiempo y hayan permanecido tan vivas en la memoria no sólo de los protagonistas, sino también de los numerosos ciudadanos que, en el espacio de sólo dos años -primavera del 92-primavera del 94-, asistieron a la desaparición de todas las fuerzas políticas de la primera República.

Para identificar cuál fue su legado, es necesario remontarse a las causas que provocaron la caída del antiguo sistema político, pero que siguen condicionando la tormentosa existencia de la segunda República tal y como se configuró después de 1994. Una existencia tan problemática que corre el riesgo de arrollar de nuevo a todos los partidos del nuevo sistema. Así lo demostraron las crisis políticas de 2011 y 2021, cuando el recurso a gobiernos “técnicos” hizo recordar el gobierno de transición dirigido por Ciampi en 1993-94. En resumen, podemos identificar tres elementos de crisis que fueron decisivos en su momento y que siguen prolongando un estado de inestabilidad política paralizante: Europa, una elección problemática al expirar Maastricht en 1992 y que se ha convertido en una elección profundamente divisoria con el nacimiento del soberanismo; el problema de la gigantesca deuda pública que aflige a Italia en la década de 2000 como lo hizo en los años 80 y 90; la falta de confianza en la representación política en el origen de los movimientos populistas y antipolíticos, destinados a fortalecerse con los años hasta llegar al gobierno en 2018.

En la búsqueda del pasado-presente, sin embargo, también surgieron con fuerza los numerosos vínculos con el pasado remoto, una clave indispensable para interpretar las tres crisis que condujeron a la caída final de los años ochenta. Desde este punto de vista, la década de los ochenta, prolongada hasta 1992, puede interpretarse como una larga fase de transición de una época a otra, coincidiendo con todo el escenario mundial que enmarca la historia italiana. A partir de los años 70, con el fin de la era industrial y el advenimiento de una nueva era posmoderna, todos los países de Europa Occidental experimentaron una larga fase de profundas transformaciones desde todos los puntos de vista, desde las relaciones internacionales hasta la globalización de las economías y las finanzas, pasando por las extraordinarias adquisiciones científicas y tecnológicas; un conjunto de factores que trastornaron los valores, las instituciones, los sistemas de relaciones y de organización, las certezas culturales y materiales, en definitiva, la vida de cada individuo y de sociedades enteras.

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Una revolución de esta envergadura pone a prueba a los gobiernos de todo el mundo, sobre todo cuando, en 1989, la caída del muro de Berlín y la disolución del imperio comunista pusieron fin a la guerra fría que había condicionado a todo el continente, dividido durante cuarenta años en dos esferas, una bajo la influencia de Estados Unidos y otra de la Unión Soviética. En este contexto, Italia, al igual que los demás países europeos a merced de una progresiva inestabilidad sistémica, representa un caso único en comparación con sus socios de la CEE, en ninguno de los cuales la crisis se manifestó con una violencia tan destructiva que llevara a la destrucción total del sistema de partidos. Se trata de una excepción llamativa que debe analizarse a la luz de los problemas entrelazados mencionados anteriormente, aunque son sobre todo los acontecimientos de 1989 los que desencadenaron la implosión final, que en el caso italiano tuvo un efecto devastador, que debe vincularse, por supuesto, al mayor peso de la presión exterior en el equilibrio político italiano en comparación con otros países occidentales.

Las razones son bien conocidas y se resumen, por un lado, en la posición geopolítica de nuestro país, aliado de la OTAN y proyectado en el Mediterráneo, territorio crucial en el enfrentamiento entre las dos superpotencias en guerra; por otro, en la presencia en Italia del partido comunista más fuerte de todo Occidente. Durante medio siglo, estas dos condiciones internacionales opuestas habían garantizado a la Democracia Cristiana, aliada de Estados Unidos, una posición mayoritaria en el país y en los gobiernos, con el resultado, sin embargo, de bloquear eficazmente cualquier intercambio con las fuerzas de la oposición dirigidas por el PCI, cuyo vínculo orgánico con la URSS era un obstáculo para su legitimidad para gobernar. Con el fin de la Guerra Fría, el sistema político italiano perdió su rigidez y entró en una fase de fibrilación que terminaría en 1994 con la desaparición de todos los partidos de la primera República.

El primero en disolverse fue el PCI, que, tras la caída del Muro, inició su lenta mutación en el Partido Democrático de la Izquierda; pero la DC no ganó nada con ello, y de hecho se debilitó con la desaparición del “enemigo”, que siempre había sido un factor fundamental en la obtención de consenso. En definitiva, sin el apoyo de los antiguos lazos internacionales, los católicos, al igual que sus adversarios históricos, se vieron en la necesidad de contar con ellos mismos y con la ineludible tarea de consolidar sus lazos históricos con Europa, convertida ahora en su única orilla exterior.

A lo largo de los años noventa y más allá, con la excepción de ensayos específicos sobre las relaciones internacionales y la economía mundial, los historiadores políticos, en mi opinión, no investigaron suficientemente los efectos que el nuevo y complejo escenario de las relaciones entre las potencias habría tenido en el sistema económico y financiero italiano, y por supuesto en el europeo. Y, sin embargo, es un campo de investigación necesario, si tenemos en cuenta lo mucho que pesó en la caída del sistema político el Tratado de Maastricht, que había fijado lo que estaba en juego en el camino hacia la Unión Europea. Ya en la segunda mitad de los años 80, todos los países de la CEE habían tomado conciencia de la urgente necesidad de reforzar sus estructuras unitarias para hacer frente al reto de los cambios que se estaban produciendo en la economía mundial. Luego, después de 1989, ante el nuevo mundo policéntrico, se establecieron apresuradamente una serie de normas cada vez más estrictas, que luego se fundieron en el acuerdo que se firmaría en la reunión de Maastricht, prevista para finales de 1992. No era una conclusión previsible por parte de todos los Estados miembros, que se mostraban reacios a aceptar los onerosos compromisos exigidos por Bruselas, no sólo en el ámbito económico, sino también en el político y el institucional, como demostrarían las resistencias antes y después del lanzamiento del Tratado. La adhesión de Italia, que había llegado a esta fecha con una deuda pública incontrolable que descartaba de hecho el cumplimiento de los parámetros establecidos para entrar en la moneda única, fue especialmente difícil.

Se trata de un paso en el que quedan sin respuesta muchos interrogantes sobre la decisión final tomada por el gobierno Andreotti; una decisión compartida en gran medida por políticos tanto de derecha como de izquierda, claramente conscientes o aún parcialmente inconscientes de que la nueva restricción europea sacaría a relucir todas las debilidades de una economía, unas finanzas y una industria aún ancladas en la visión keynesiana en plena revolución liberalista. Las debilidades y los retrasos en la adaptación a la modernización en curso se encontraban en todos los países de la CEE que, a excepción de Gran Bretaña, parecían reacios a intervenir con medidas drásticas sobre el Estado del Bienestar, ese edificio político, social y económico construido con éxito desde 1945 en plena Edad de Oro. Ciertamente, en los años ochenta los socialistas y católicos europeos, fuerzas dominantes en Francia (Mitterrand), Alemania (Kohl) e Italia (Craxi y De Mita), aunque rechazaban el modelo liberal de Thatcher, habían intentado reformar y modernizar sus respectivos sistemas económicos nacionales con resultados todavía parciales, en parte por la dificultad objetiva de intervenir en estructuras consolidadas durante más de treinta años.

Estas dificultades se magnificaron en Italia, donde la tarea de construir un Estado de bienestar, tal como prescribe la Constitución, obligó al país, desde los años de la reconstrucción, a intervenir sobre desigualdades, pobreza y atraso seculares. Sin embargo, esta intervención era inaplazable si tenemos en cuenta que la profunda división de clases entre la burguesía y el proletariado se reflejaba en una polarización ideológica y política entre la derecha y la izquierda que tenía efectos potencialmente perturbadores para la estabilidad de las nuevas instituciones democráticas. Aunque en la mayor parte de Europa occidental se había optado por estructurar la economía nacional sobre una base dual pública-privada, en Italia las empresas controladas por el Estado se habían desarrollado hasta cubrir casi el 40% en el sector industrial y casi el 100% en el sector bancario.

En cuanto a la organización y la gobernanza de todo el sistema, Italia parecía ser la “antesala del socialismo real”, como lo habría definido en 1992 Enrico Perotti, alumno de Franco Modigliani y profesor de la London School of Economics, al ser entrevistado por el Corriere della Sera. Era imposible no sorprenderse por la peculiaridad del régimen italiano, que cayó al mismo tiempo que el colapso del imperio soviético, un acontecimiento que no había desestabilizado a ningún otro Estado democrático de Europa Occidental. Sin embargo, al reflexionar sobre esta anomalía, fue posible identificar una serie de elementos comunes a los dos sistemas, aunque en el marco diferente de las instituciones democráticas en Italia y de las instituciones comunistas en los países de Europa del Este. Ya antes de 1989, en La Repubblica,  Scalfari -como una “Casandra desatendida”- había subrayado las numerosas afinidades políticas, sociales y económicas entre los países del Este e Italia, donde los partidos habían ocupado el Estado y una nomenklatura corrupta, como la soviética, había infectado la administración pública, “depravado la economía pública y privada, impregnado el sindicalismo y dilapidado los recursos del país”.

Vertone, que también estaba convencido de que la “enfermedad del Este” había encontrado un terreno fácil para el contagio en nuestro país, donde el mito del sistema comunista se había extendido entre la masa de ciudadanos, no sólo afiliados y militantes, sino también partidarios del PCI. La expansión de la economía pública había sido la base del compromiso entre la mayoría demócrata-cristiana y la oposición comunista, cuyo estatismo había sido ampliamente compartido por los socialcristianos y los católicos marxistas, influyentes grupos de presión dentro de la DC. En resumen, desde el principio de la República, la cultura católica anticapitalista se había encontrado con la cultura marxista: comunistas y católicos habían “excomulgado precozmente la industria, el mercado, la competencia, el beneficio”, en una palabra, el capitalismo, aunque, al entrar en la OTAN, la DC se había preocupado de salvaguardar la pertenencia política y estratégica de Italia a Occidente.

Estas observaciones no son insignificantes, si tenemos en cuenta que fue precisamente la vasta zona de las explotaciones estatales, bajo el estricto control de los partidos, la primera en mostrar signos de desgaste desde los años 70. En el Occidente avanzado, estos años fueron testigos de la gran transformación económica que marcó el inicio de la era postindustrial, a partir de una verdadera revolución monetaria. El neoliberalismo y la financiarización de la economía desmontaron los paradigmas keynesianos que confiaban al Estado -en Italia, a los partidos- la gestión de los problemas económicos nacionales, que se habían vuelto más difíciles de resolver con el fin de la edad de oro, es decir, con el fin del desarrollo, del pleno empleo y del “milagro económico”. Desde principios de la década de 1970, los fracasos que aquejaban al país – inestabilidad monetaria, inflación creciente, sucesión de crisis económicas y aumento del desempleo – acabaron siendo achacados a la mala gobernanza de la partidocracia. Se pedía una reducción de la presencia pública en la economía o incluso la anulación de las participaciones del Estado en el sistema económico que, según los neoliberales, debía confiarse enteramente al mercado, capaz de regularse por sí mismo sin intervención política.

El nuevo credo liberalista también condujo al lento agotamiento del “Proyecto de Estado Activista” (Activist Project State), según la definición de Maier, que también se extiende a las evoluciones posteriores de la nueva era postindustrial. A partir de la adhesión de Italia a Maastricht en 1992, la gobernanza de las economías nacionales -y no sólo de ellas- pasó de las manos de los Estados individuales a las de las instituciones europeas, a los llamados “burócratas de Bruselas” -definición ya utilizada en 1992 por los políticos italianos hostiles al Tratado-, que ahora tenían la tarea de velar por el bienestar público que debía alcanzarse según las estrictas normas comunitarias. Sin embargo, el desplazamiento del eje de mando significó el fin de los planes nacionales de desarrollo que en Italia habían sido el pivote sobre el que se habían reunido los ejecutivos de centro-izquierda a principios de los años sesenta, que tuvieron el mérito de haber creado el Estado del Bienestar también en Italia, compensando los muchos retrasos que se habían acumulado en comparación con el resto de Europa. Estos mismos partidos, la DC, el PSI, el PSDI y el PRI -a los que se había sumado también el PLI- seguían en el poder en los años 80 cuando los nuevos y explosivos acontecimientos internacionales sacudieron desde los cimientos todos los sistemas políticos y económicos europeos, construidos en un pasado ya muerto. Sin embargo, el régimen de partidos en Italia, el único que cayó definitivamente, no pudo resistir el choque.

(…)”.

© Editori Laterza / Simona Colarizi

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