La bibliografía sobre la historia alemana parece inagotable, sea cual sea el período, aunque obviamente algunos tienen más adeptos. Uno de ellos es  la etapa guillermina, la imperial. Son tantos los textos que de ella se ocupan que hace unos años el historiador Matthew Jefferies se propuso hacer un repaso exhaustivo de la literatura al efecto, con la voluntad de “proporcionar una guía precisa y accesible de los debates recientes, que reflejara las principales escuelas y enfoques, al tiempo que ofreciera sus propias perspectivas sobre las reivindicaciones en liza y proporcionara indicaciones sobre futuros desarrollos”.  Pues bien, el volumen citaba más de seiscientos libros y artículos, sin desfallecer en el loable intento: Contesting the German Empire, 1871–1918 (Blackwell Publishing,  2008).

De guía ha servido, claro está, para los volúmenes que han venido después, sean los que analizan la época de manera particular, como Katja Hoyer, sea para quienes la inscriben en un marco temporal más dilatado, como Jürgen Kocka.  Y de aliento también, como ocurre con el veterano historiador Roger Chickering, que fue uno de quienes reseñaron favorablemente la obra de Jefferies.  Y aquí nos llega la confirmación, plasmada en su reciente volumen The German Empire, 1871–1918 (Cambridge UP).

Así empieza:

“En el principio estaba Bismarck, por así decirlo. El Gran Hombre nació setenta y un días antes de que el Congreso de Viena emitiera su Acta Final en junio de 1815. Este documento configuró el paisaje centroeuropeo en el que se enmarcó posteriormente la larga carrera de Bismarck y se dio una primera resolución al problema de un Estado-nación alemán. Pero como todos los comienzos, éste también marcó un final. El Congreso de Viena pretendía aportar estabilidad institucional a Europa central tras un cuarto de siglo de agitación y guerra, que había seguido al estallido de la revolución en Francia en el verano de 1789. El acuerdo alcanzado en Viena en junio de 1815 reflejaba la determinación de los dirigentes europeos de restaurar el antiguo régimen prerrevolucionario en Europa en la medida de lo posible, pero también de acomodar, en la medida de lo necesario, las convulsiones de los años intermedios. Fue una medida de su éxito que, a pesar del gran logro de Bismarck -el establecimiento de un Estado-nación alemán en 1871-, Europa central permaneciera libre de convulsiones revolucionarias durante otro siglo.

El Antiguo Régimen en Europa Central

Los hombres que presidieron la reconfiguración de los asuntos europeos en 1815 representaban a la élite del Antiguo Régimen que había sido derrocada en gran medida después de 1789. Eran miembros distinguidos de la aristocracia europea, unidos en la conciencia de su propio derecho. Eran hombres cultos, urbanitas y con una gran riqueza territorial. Muchos habían hecho carrera en cortes principescas. Antes de la Revolución Francesa, se encontraban en la cima de un sistema global de relaciones humanas que era a la vez social, cultural y político. Sus orígenes eran feudales. Su base era la segregación legal de la sociedad en corporaciones cerradas, llamadas estamentos (Stände). Se trataba de órdenes sociales hereditarios que prescribían pautas comunes de privilegio, autoridad, dependencia y obligación, principalmente a lo largo del eje social que dividía a las personas que pertenecían a la aristocracia de las que no. Así, los aristócratas podían reclamar exenciones fiscales, un trato judicial especial, privilegios hereditarios vinculados a la tierra, acceso a los tribunales principescos, puestos de élite en las fuerzas armadas y las burocracias civiles, y representación en los parlamentos territoriales.

En Europa central -una zona delimitada aproximadamente por los ríos Rin y Vístula al oeste y al este, por los Alpes al sur y por los mares del Norte y Báltico al norte- residían unos treinta y cinco millones de personas que pertenecían a este sistema de órdenes en vísperas de la Revolución Francesa. Más del 99% de ellos no eran aristócratas. La mayoría vivía en la pobreza, pudiendo mantener a sus familias pero poco más. Alrededor del 80% vivía de la tierra, a la que la mayoría estaba atada por diversas obligaciones legales hereditarias, por rentas o servicios que debían a nobles terratenientes, o por servidumbre personal a estos señores. La forma más onerosa de servidumbre era la condición de siervo, que predominaba en el noreste.

La población rural encontraba el horizonte de su experiencia común confinado a la aldea y la parroquia. Las comunicaciones más amplias se veían bloqueadas por obstáculos insuperables, ya fueran materiales (como las míseras carreteras) o culturales (como el analfabetismo y las cacofonías dialécticas del idioma). Más allá de este estrecho radio geográfico, los lazos religiosos constituían la única base significativa de identidades o lealtades colectivas más amplias.

Bajo el Antiguo Régimen, la mayoría de los habitantes de Europa central que no vivían de la tierra habitaban unas 2.000 ciudades legalmente constituidas y más o menos autónomas. Estas ciudades representaban, como ha señalado Tom Brady, «una versión más segura y cómoda del campo».  La seguridad comparativa se debía a la seguridad de las murallas de las ciudades, aunque éstas no las liberaban de la dependencia del campo circundante para obtener alimentos y otros materiales esenciales, así como mercados. Las murallas delimitaban ámbitos en los que los residentes estaban, por regla general, legalmente libres de la autoridad y los privilegios aristocráticos, donde las escuelas eran más comunes y podía tomar forma un sentido colectivo de patriotismo local o lealtad cívica. Las formas urbanas de poder e identidad corporativa no estaban vinculadas a la nobleza o a la propiedad de la tierra, sino al comercio y la manufactura. Aun así, el poder corporativo urbano también era pronunciado y omnipresente. La propia ciudad constituía una corporación, en la que la pertenencia (llamada ciudadanía) era un privilegio legal que normalmente requería al menos una modesta riqueza, así como la afiliación religiosa adecuada. La producción se organizaba y regulaba exhaustivamente en los gremios urbanos, que a su vez eran corporaciones cerradas que regulaban todos los aspectos de la producción, incluidas las cuotas, los precios y los salarios, así como el número, la cualificación y la formación de los productores. La pertenencia (generalmente masculina) a los gremios estaba restringida a los maestros artesanos, cuyo poder político estaba institucionalizado en su control del consejo municipal. El poder político de la élite mercantil urbana estaba igualmente institucionalizado y a menudo era hereditario. La exclusividad de las élites patricias urbanas estaba reforzada por las leyes suntuarias y los elaborados rituales de la vida cotidiana, que eran legal o prácticamente inaccesibles para todos salvo para una pequeña proporción de la población urbana. La mayoría de los habitantes de las ciudades no eran ciudadanos, sino aprendices y jornaleros, trabajadores ocasionales, sirvientes domésticos, indigentes y otras personas de escasos recursos y sin privilegios.

Tanto en las ciudades como en el campo, el orden social corporativo estaba diseñado para discriminar, diferenciar, separar y excluir. De este modo, agravaba los efectos fragmentadores de la pobreza y las malas comunicaciones. Las consecuencias políticas fructificaron en el Sacro Imperio Romano Germánico, que en el siglo XVIII representaba el sistema político más fragmentado de Europa. No es fácil caracterizarlo. El «Reich» no era un Estado. En su lugar, representaba, como ha escrito uno de sus principales estudiosos, «una asociación personal, un sistema complejo y jerárquico de personas y corporaciones, en cuya cúspide se situaba el emperador, que daba unidad simbólica al conjunto».  Esta otrora gran monarquía feudal se había extendido durante siglos por la mayor parte de Europa central, uniendo territorios desde el norte de Italia hasta las orillas de los mares del Norte y Báltico, y desde Gante hasta Bratislava, en fidelidad al emperador (Kaiser). El imperio debió su longevidad a las funciones que desempeñó en la regulación de los estamentos corporativos que lo componían -en primer lugar, los nobles gobernantes de sus territorios seculares y eclesiásticos constituyentes-. También sobrevivió gracias a su propia y compleja fragmentación, flexibilidad y debilidad, que dio a la mayoría de sus estamentos, así como a sus numerosos rivales extranjeros, un interés vital en su preservación.

La principal fuerza fragmentadora del Sacro Imperio Romano Germánico fue la religión. A raíz de la Reforma protestante del siglo XVI, la ruptura de la cristiandad occidental se produjo de forma inmediata y catastrófica en Europa central. Los estados imperiales, la multitud de principados que componían el imperio, se fracturaron por la confesión, ya que los príncipes protestantes y sus aliados europeos se movilizaron contra los emperadores católicos y sus aliados. Europa Central se convirtió así en el escenario central de la guerra durante la mayor parte del siglo siguiente. La culminación de las hostilidades llegó con la terrible Guerra de los Treinta Años (1618-1648), en la que cuerpos de hombres armados, compañías móviles de destrucción que hablaban muchas lenguas diferentes y luchaban con distintos grados de organización y disciplina, arrasaron grandes extensiones de tierra en nombre de la religión, la lealtad dinástica y el saqueo.

La Paz de Westfalia, que puso fin a este calvario en 1648, ratificó los resultados políticos y selló las principales cuestiones que habían desembocado en la guerra. Legitimó la fragmentación religiosa del Reich en territorios católicos, luteranos y calvinistas (o reformados) según las preferencias confesionales de sus príncipes. La paz también ratificó la fragmentación política del Reich, poniendo fin a las esperanzas de una monarquía imperial consolidada y centralizada siguiendo el modelo de los acontecimientos contemporáneos en Francia, España y Rusia, donde los monarcas hereditarios se estaban asegurando poderes para levantar ejércitos reales permanentes, gravar sus propiedades y regular los asuntos religiosos. En Europa central, el cargo de emperador seguía siendo electivo, por lo que era rehén de los ocho príncipes que actuaban como electores imperiales. La Paz de Westfalia reconocía así la legitimidad constitucional de los cientos de territorios que formaban los estados imperiales, así como el derecho de muchos de sus gobernantes a tener representación en el parlamento imperial, o Reichstag.

Para los historiadores nacionalistas alemanes posteriores, este acuerdo de paz supuso el punto más bajo de la historia alemana, la garantía formal de la impotencia duradera del Sacro Imperio Romano Germánico. Más recientemente, los historiadores han tomado nota de las virtudes del acuerdo, en particular el hecho de que sentó las bases jurídicas de un siglo y medio de estabilidad comparativa en Europa central.  (…)

(…)”.

©  Cambridge University Press  / Roger Chickering

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