Valentina Pisanty: ¿Qué es antisemitismo, qué es antisionismo y qué no lo es?

Otro libro imprescindible, que nos faltaba y mucho en estos tiempos que corren. Lo ha escrito Valentina Pisanty,  de la que ya hablamos aquí hace unos años a propósito de su Los Guardianes de la memoria.  Hablaba allí del fracaso de las políticas de la memoria, del papel equívoco de sus guardianes, del tumor del nacionalismo xenófobo y de cómo reafirmar los principios democráticos. Por eso, nos advertía contra “los prevaricadores más atrevidos y desaprensivos” y nos recordaba cómo “los principios democráticos a menudo se transforman para favorecer los intereses de quienes los invocan”,  defendiendo a cambio “una promoción decidida del pensamiento crítico en todos los niveles de la vida pública”.

Es ese compromiso crítico el que vemos de nuevo en su último libro: Antisemita. Una parola in ostaggio (Bompiani). Veamos cómo empieza:

“Toda guerra es también una guerra de palabras. Quizá ante todo una guerra de palabras, y no se trata de una cínica paradoja. A propósito del famoso discurso de Winston Churchill tras la retirada británica de Dunkerque (We shall fight on the beaches, We shall fight on the landing grounds...), Kennedy dijo que con sus palabras Churchill había movilizado la lengua inglesa para enviarla a la batalla. La guerra de Gaza no es una excepción, si se quiere llamar guerra al enfrentamiento asimétrico entre un ejército regular y una población civil a merced de los acontecimientos. Cada bando emplea todos los recursos retóricos a su alcance para justificarse ante la opinión pública, y ante sí mismo si puede, y para narrar el conflicto en términos favorables a su propia agenda. No es un escándalo, siempre se ha hecho: la guerra siempre es justa para quien la hace. La cosa cambia cuando se pretende tomar el control del propio lenguaje para cambiar el significado de las palabras en beneficio propio.

Cambiar el significado de las palabras con fines estratégicos es una actuación del poder político que la ausencia de contrapresiones deja libre para perseguir sus objetivos a cualquier precio. No en vano, las dictaduras prestan la máxima atención a la disciplina del lenguaje, prohibiendo términos indeseables, imponiendo una norma indefectible, interviniendo directamente en las definiciones para vigilar los usos no autorizados de las palabras más sensibles.

Que semejante forzamiento se lleve a cabo en nombre de los más altos valores democráticos puede resultar sorprendente. Las democracias liberales no deberían tolerar el matonismo lingüístico de los regímenes totalitarios, donde quien manda puede, de un día para otro, decretar que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, el bar es «aquí se bebe» y el cóctel una «bebida arlequín», como impuso el fascismo. La lengua es de todos porque no es de nadie. Pertenece a todos porque cada hablante entra en la lengua en pie de igualdad con todos los demás, y bebe del patrimonio común sin límites ni restricciones, con la excepción de las reglas gramaticales que se aplican a todos y que, cuando es necesario, pueden transgredirse, como cuando se introducen nuevos modismos o se utiliza vocabulario de forma inusual. No pertenece a nadie porque los procesos de transformación lingüística se producen en la mayoría de los casos de forma espontánea, como cuando -quién sabe por qué- una determinada locución inusual es poco a poco aceptada por el resto de la comunidad, sin que nadie pueda prescribir o impedir su adopción por decreto. Es decir, alguien puede intentarlo, pero en una democracia tales intentos están mal vistos y suelen fracasar. Tras la caída del régimen fascista, los italianos a los que se había ordenado usar «voi» volvieron a decir «lei».

La lengua vive según sus propias leyes, y está bien que así sea. Sin embargo, ocurre que, incluso en contextos democráticos, intervienen poderosos actores capaces de interferir en los procesos de su evolución. Dirigentes políticos, grupos de presión, instituciones sociales capaces no sólo de proponer formulaciones que reflejen sus intereses, como es natural que hagan, sino también de prescribir su adopción por medios chantajistas o incluso coercitivos (querida Red, eche a ese periodista, gracias), por ejemplo tachando de antipatriota a quien se niegue a calificar de guerra contra el terror la invasión estadounidense de Afganistán (2001) e Irak (2003). Si el resto de la comunidad hablante no se da cuenta de la injerencia o si, al darse cuenta, se le priva de la oportunidad de oponerse a ella, el principio de la libertad de expresión se ve gravemente comprometido.

Tal es el caso del discurso antisemita, protagonista de este libro. Durante más de un siglo, su historia se ha desarrollado según los mecanismos ordinarios de transformación léxica. Primero reivindicada con orgullo por los racistas de los siglos XIX y XX, después asociada al recuerdo de los peores crímenes contra la humanidad, su trayectoria parecía terminar con la derrota del nazi-fascismo. El término parecía destinado a quedar relegado a los libros de historia y, como mucho, a utilizarse en el lenguaje cotidiano para referirse a los nostálgicos que siguen convencidos de que el mundo está secretamente en manos de una cábala de pérfidos judíos. Pero incluso ellos se niegan a ser llamados antisemitas, et pour cause: la palabra, y la ideología que arrastra tras de sí, conlleva una condena tan universal que cualquier intento de reapropiación es desaconsejable.

Mientras que en el habla común ha entrado en la lista de los epítetos más insultantes, la palabra antisemita se ha convertido en objeto de debate académico. Los historiadores se preguntan hasta qué punto es legítimo su uso en los siglos anteriores a su entrada en el léxico. ¿Eran también antisemitas los enemigos bíblicos del pueblo judío y los propagadores medievales de rumores antijudíos? ¿O no vale más bien mantener los fenómenos diferenciados, designándolos con términos distintos, como, por ejemplo, judeofobia en el caso de los prejuicios medievales? Los sociólogos y los comentaristas políticos, por su parte, se preguntan hasta qué punto las manifestaciones actuales de hostilidad antijudía -a menudo oblicuas y camufladas- entran en el ámbito del término. Lo que se debate no es tanto la definición de la palabra (¿qué se entiende por antisemita?), respecto a la cual el acuerdo es bastante unánime, como las condiciones de su uso: ¿a quién puede aplicarse la etiqueta de antisemita? Se trata de debates habituales en la historia de las palabras. De vez en cuando, historiadores y lingüistas se sientan en torno a una mesa para hacer balance de los cambios que se han producido y ver si deben registrarse en los diccionarios. El resto de la comunidad puede tomar nota de las sugerencias o seguir su propio camino («yo lo digo»), según un proceso de evolución lingüística que difícilmente y con gran riesgo se puede encauzar y gobernar desde arriba.

A finales de los años noventa y en las décadas siguientes, sin embargo, algunos responsables políticos vieron con creciente claridad el potencial estratégico de la palabra antisemita. Convertido en sinónimo del Mal Absoluto, el término se presta a una variedad de usos funcionales en la política de quienes se sienten sus guardianes y dueños. Entre ellos se encuentran, como es evidente, los partidos de la derecha israelí casi ininterrumpidamente en el poder desde 1996. Con el apoyo de instituciones estadounidenses y europeas, los gobiernos ultranacionalistas israelíes se autoproclaman portavoces oficiales de las víctimas del Holocausto, incluidos sus descendientes. No importa que, de los quince millones de judíos que hay actualmente en el mundo, sólo siete hayan elegido vivir en Israel. Como Israel es el único país de mayoría judía, la supervisión de la Memoria  recae en sus dirigentes políticos, afirman. Nombrándose a sí mismos Guardianes de  la Memoria motu proprio, reclaman el monopolio de ese ámbito del lenguaje que se refiere a los crímenes históricos sufridos por los judíos de Europa: genocidio, gueto, lager, pogromo, racismo, antisemitismo y otras palabras relacionadas. Sólo ellos pueden autorizar su uso. El copyright les pertenece por derecho.

La premisa de la que parten es que los antisemitas son aquellos con los que por definición no se habla: como mucho se puede hablar de ellos para decidir la mejor manera de combatirlos. Este es el significado del lema «Nunca más» en torno al cual se agruparon las democracias liberales tras la caída del Muro de Berlín para redefinir su proyecto de identidad común. De ello se deduce que cualquiera que merezca el epíteto de antisemita debe ser considerado un cuerpo extraño a la democracia y pierde el derecho a intervenir en los debates públicos. Con los racistas no hay discusión.

Hasta aquí, nada extraño, aparte de las dudas que uno pueda tener sobre si el lema «Nunca más» constituye una base suficiente sobre la que construir el futuro de las democracias occidentales. El siguiente paso, sin embargo, mucho más atrevido, es incluir en la categoría de antisemitas no sólo a quienes exhiben prejuicios antijudíos, sino también a los actuales enemigos del Estado de Israel. Y, entre éstos, no sólo a los enemigos que realmente recurren al archivo del antisemitismo histórico para desacreditar las opciones políticas de Israel con argumentos racistas (que los hay), sino también a los que, incluso sin recurrir a los clichés de la propaganda antisemita, manifiestan una hostilidad radical hacia Israel, entendido como el Estado de los judíos, o incluso mantienen una disputa histórica con Israel por una tierra que va del río al mar.

La transición dista mucho de ser obvia, empezando por la elección de llamar a Israel el Estado de los judíos. La expresión es en sí misma discriminatoria hacia el 25% de ciudadanos israelíes que no son judíos, y de hecho la ley que en 2018 denominó oficialmente a Israel «hogar nacional del pueblo judío» fue aprobada por el Parlamento israelí con una mayoría muy ajustada, señal de que incluso dentro del país había voces discrepantes. Pero la identificación entre judaísmo e Israel es uno de los puntos programáticos de los partidos ultranacionalistas en el poder, que durante la década de 2000 movilizaron grandes recursos y esfuerzos diplomáticos para redibujar los límites entre las acepciones lingüísticas, difuminando a su favor las diferencias entre judaísmo y sionismo, como si fueran la misma cosa. (Pasemos ahora por alto el hecho de que incluso el término sionismo tiene diferentes sentidos y matices que conviene precisar de vez en cuando: más adelante hablaremos de ello). Lo que obviamente implica también una difuminación de la distinción entre antisemitismo y antisionismo, como si este último término fuera siempre y en todo caso un disfraz eufemístico del primero.

Y como nadie protesta, a pesar de que hasta entonces los dos términos cubrían ámbitos semánticos diferentes, en los años 2000 se populariza el proyecto de poner por escrito la ecuación antisionismo = antisemitismo, exigiendo que la comunidad internacional suscriba las condiciones de uso de una nueva definición de la palabra antisemita. Una definición que empuja a los márgenes el viejo núcleo semántico del término, todavía arraigado en la memoria de los grandes traumas del siglo XX, para sustituirlo por otro más alineado con los objetivos de la derecha israelí. Que el antisemitismo ya no se defina sólo, y no tanto, como «hostilidad hacia los judíos en tanto que judíos», definición de la que es más difícil reivindicar la exclusividad, sino como «hostilidad hacia Israel en tanto que Estado de los judíos». De ello resultará un beneficio inmediato en términos de imagen y legitimación política.

La contrapartida ulterior consiste en exigir que la nueva definición se incorpore a los textos de las leyes, a los reglamentos universitarios, a los códigos de conducta de los partidos y a todos los sistemas normativos que rigen el debate público sobre cuestiones tan controvertidas como el conflicto de Oriente Próximo. En nombre de los valores supremos de las democracias occidentales, los argumentos de Israel serán mejor defendidos. Quienes se opongan de forma demasiado drástica a sus opciones políticas carecerán de palabras para decirlo.

La realización de este proyecto ha ido de la mano del ascenso al poder de la derecha mundial en las dos últimas décadas. Mi hipótesis es que ambos fenómenos están estrechamente interrelacionados. No sólo en el sentido de que la redefinición de la palabra antisemita es compatible con las ideologías de los partidos ultranacionalistas en ascenso, sino también de que desde hace algún tiempo existe un macroscópico intercambio de favores entre esos partidos y el Estado de Israel. Los términos del acuerdo son simples: apoyo incondicional a las políticas de la derecha israelí e inmunidad frente a acusaciones de racismo y antisemitismo. Una visita oficial a Yad Vashem (el Memorial de la Shoah en Jerusalén), especialmente si va acompañada de expresiones de dura condena a los actuales enemigos del Estado judío, es suficiente para limpiar la imagen pública de cualquier dirigente xenófobo, y casi siempre heredero de formaciones políticas inequívocamente antisemitas, que aspire a acceder a puestos de responsabilidad política.

El do ut des ha resultado muy eficaz para ambas partes, entre otras cosas porque desenmascarar la estrategia exige aventurarse en el campo minado de la memoria del Holocausto, y la definición asociada de lo que es y lo que no es antisemitismo. Dado lo delicado del tema, muchos prefieren mantenerse al margen, delegando en las instituciones pertinentes la tarea de trazar el perímetro del discurso tolerable, y aplicando escrupulosamente cualquier precepto que se deje caer desde arriba.

(…)”.

© 2025 Giunti Editore S.p.A. – Bompiani / Valentina Pisanty


OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Anaclet Pons (20 de enero de 2025). Valentina Pisanty: ¿Qué es antisemitismo, qué es antisionismo y qué no lo es? C L I O N A U T A : Blog de Historia. Recuperado 20 de junio de 2025 de https://doi.org/10.58079/1343k


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