Hemos hablado hace unos días del festival Rendez-Vous de l’Histoire, que este año se dedica a “los europeos”. Pues bien, aprovechando esa magna reunión, la asociación  Liberté pour l’Histoire que comanda Pierre Nora ha promovido un manifiesto que dice lo siguiente:

Preocupados por los riesgos de una moralización retrospectiva de la historia y de una censura intelectual , hacemos un llamamiento para la movilización de los historiadores europeos y por la cordura de la clase política.

“La historia no debería ser esclava de la actualidad ni escribirse al dictado de memorias en conflicto. En un Estado Libre, no le corresponde a ninguna autoridad política definir la verdad histórica y restringir la libertad del historiador bajo la amenaza de sanciones penales.

A los historiadores, les pedimos que unan sus fuerzas dentro de sus propios países y creen estructuras similares a la nuestra y que, de forma inmediata,  firmen individualmente esta declaración para  poner fin a la deriva de las leyes sobre la memoria.

A los políticos, le pedimos que sean conscientes de que, si bien es responsabilidad suya  mantener la memoria colectiva, no deben instituir, por ley y en relación al pasado,  verdades de Estado cuya aplicación judicial pueda tener  graves consecuencias para el oficio  de historiador y para la libertad intelectual en general.

En una democracia, la libertad para la Historia es la libertad de todos “.

Aleida y Jan Assmann (Heidelberg y Constanza), Elie Barnavi (Tel Aviv), Luigi Cajani (Roma), Hélène Carrère d’Encausse (París), Etienne François (Berlín), Timothy Garton Ash (Oxford), Carlo Ginzburg (Bolonia ), José Gotovitch (Bruselas), Eric Hobsbawm (Londres), Jacques Le Goff (París), Karol Modzelewski (Varsovia), Jean Puissant (Bruselas), Sergio Romano (Milán), Rafael Valls Montes (Valencia), Henri Wesseling (La Haya), Heinrich August Winkler (Berlín) y Guy Zelis (Lovaina).

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El manifiesto ha sido publicado al menos por Le Monde, periódico en el que Pierre Nora escribe otro artículo titulado precisamente Liberté pour l’histoire !

Nora repasa para la ocasión una Decisión-marco europea sobre la xenofobia y el racismo, propuesta en 2007, así como  distintas leyes francesas sobre las que este grupo se ha manifestado en los últimos años: la ley Gayssot (1990),  la  reforma del Código Penal de 1992 o la ley Mekachera  de 2005.

Señala para concluir:

Todo el mundo puede comprender que no se trata de proteger a los historiadores en función de no se sabe qué  privilegio corporativo ni de parapetarse tras un enfoque científico del pasado, insensibles al sufrimiento humano y a heridas aún abiertas. Los historiadores, por su función social y sus responsabilidades cívicas, no son más que la primera línea en un asunto que compromete  a la independencia de espíritu y a las libertades democráticas. La noción  de crimen contra la humanidad puede ser un progreso de la conciencia universal y una sana reacción ante  los crímenes imprescriptibles. Sin embargo, no se puede aplicar con carácter retroactivo ni en el plano intelectual, ni en el moral, ni, a a posteriori, en términos jurídicos.

Esa es la razón por la que algunos historiadores, y no de los  menos importantes,  que no se nos habían unido en su momento en la condena de toda forma de la ley que calificara el pasado para preservar la especificidad de la ley Gayssot, sí se hayan unido a nosotros ahora .

También explica la espontaneidad con la que los historiadores de toda Europa,  y fuera de ella, estén ahora con  nosotros. Porque si Francia tiene el triste privilegio de ser la primera y la única en haber lanzado una represión legislativa en serie sobre la negación de los crímenes de masas,  también nosotros podemos decir que ya contamos  con  una asociación cuyo  fin es reconocer la libertad de los docentes e investigadores contra las injerencias políticas y las presiones  ideológicas de cualquier tipo y origen. Colectivos  del mismo tipo se están formando en Italia y en los Países Bajos, o están ya establecidos, como en Bélgica (Pléthore de mémoire)

Todo no está  perdido. Los dirigentes políticos a todos los niveles no parecen sordos al mensaje de los historiadores. Puede que entiendan lo aquí proponemos!”

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El debate es también pertinente en España, aunque nuestros colegas franceses incidan lógicamente en su propia realidad. Hay que señalar, además, que el manifiesto original del grupo (“Liberté pour l’histoire”), publicado a finales de 2005 en Libération y difundido al año siguiente en la revista L’Histoire, provocó una gran polémica. Hubo un librito en el que René Rémond explicaba su posición entrevistado por  François Azouvi (Quand l’État se mêle de l’Histoire, Stock, 2006).  Además,  apareció otro manifiesto, contrario al anterior, titulado “Ne mélangeons pas tout” y firmado por un nutrido grupo de personalidades galas.  Y a medio camino estuvo la posición del denominado  “Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire“. Uno de sus miembros más activos, Gérard Noiriel, publicaba  un dossier junto con Nicolas Offenstadt  en la revista Nouvelles FondationS (núm. 2 de 2006)  titulado “Histoire et politique autour d’un débat et de certains usages” (conviene indicar que esta revista es editada por una fundación del PCF). Decía allí, entre otras cosas:

“Nos complace observar que ellos también exigen  hoy  la supresión del artículo de la ley en cuestión (se refiere al art. 4 de la ley de 2005, según la cual los programas escolaies debían reconocer el papel positivo desempeñado por la presencia francesa en ultramar, sobre todo en el África septentrional). Lamentablemente, al exigir al mismo tiempo la derogación de las leyes de 13 de julio de 1990 (la llamada Ley Gayssot, que castiga los actos racistas, antisemitas o xenófobos), de 29 de enero de 2001 (sobre el reconocimiento del genocidio armenio) y 21 De mayo de 2001 (el reconocimiento de la trata de esclavos y la esclavitud como un crimen de lesa humanidad), el texto no hace más que agravar la confusión entre   historia y  memoria, en lugar de aclarar las cosas. No parece posible que los historiadores puedan, en nombre de la “libertad de la historia”,  saltarse las normas, reconocidas ahora por los más altos foros internacionales, que presentan como una necesidad imperiosa la condena y, más aún, la prevención del genocidio y los crímenes contra la  humanidad. Esto abre una brecha por la que se puede colar lo  peor. El Frente Nacional ha aprovechado inmediatamente la ocasión que se le ha presentado con el manifiesto de la “libertad de la historia”  para exigir de nuevo la derogación de la Ley Gayssot”.

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