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Las cintas del watergate: sociología de la profesión histórica

A principios  de febrero, el respetado New York Times publicó un artículo que recogía las acusaciones hechas a Stanley I. Kutler, el respetado historiador que editó las  transcripciones del Watergate en 1997 (Abuse of Power: The New Nixon Tapes).  Kutler habría edulcorado el papel de uno de los actores centrales de la trama, el consejero John W. Dean III. En realidad, esas imputaciones esconderían visiones alternativas sobre el papel desempeñado por Dean. Y la rivalidad habría aflorado con un artículo que otro historiador, Peter Klingman, ha remitido a la American Historical Review, la cual ha acabado por rechazarlo. Para Robert Schneider, uno de sus responsables, el artículo tiene interés, pero su objeto es demasiado concreto.

El transfondo.

En 1991, Len Colodny publica un libro (Silent Coup), del que es coautor,  en el que señala que  es Dean, y no Nixon, quien estuvo detrás del asunto Watergate, lo cual le valió una demanda del susodicho Dean, que acabó con acuerdo económico pero creó dos bandos enfrentados. Pasados los años, revisando Abuse of Power, Colodny advierte  que Kutler ha  cometido ciertos errores de transcripción. Además, uno de sus colaboradores,  el citado Klingman, recopila  por entonces las cintas en un archivo:   The Nixon Era Center.

El pasado verano, cierto autor le pide a Kutler permiso para citar sus transcipciones, a  lo cual éste se niega. Así que tiene que acudir a oir las cintas a los National Archives, pero Kutler le demanda  creyendo que ha  usado sus textos sin permiso. Con la mosca tras la oreja, Colodny empieza a decir que, en realidad, todo es fruto de los errores de Kutler, más numerosos de los que él y Klingman habían creído, sobre todo en lo tocante  a Dean III. Kutler se defiende diciendo  que, en efecto, podía haber algún error de transcripción, pero que en ningún caso minimiza el papel desempeñado por Dean.  Así que Colodny llama a Klingman y éste, en lugar de acudir a la prensa, decide que es hora de presentar el asunto a la Academia.  Es decir, se pone a escribir un artículo para la American Historical Review, lo acaba en diciembre y lo remite el pasado enero con el resultado conocido.

Mientras cada uno está a lo suyo, aparece en escena otro investigador del Watergate que le pide a Colodny si puede reseñar el libro que ha escrito, en el que se citan las transcripciones de Kutler. Por supuesto, Colodny se echa las manos a la cabeza y le dice a su desconcertado colega que ese volumen no es fiable. Éste, que conoce a un periodista del Times, le dice que quizá ese periódico esté interesado en la controversia, y…

Como ha dicho Rick Shenkman, de quien he extraído el relato anterior,  Stanley Kutler, un héroe para los historiadores por haber conseguido sacar a la luz las  cintas de Watergate, ha visto cómo  su profesionalidad era puesta en tela de juicio en uno de los más venerados  foros de la crítica. De  modo que las sospechas de unos cuantos han acabado convirtiéndose en un importante debate público.

The Watergate Transcript Controversy

Annales: evaluar las revistas científicas

Finalmente,  el embrollo de la evaluación de las revistas académicas, con el sinfín de protestas que ha generado en Francia, ha llegado a que algunas de esas publicaciones se hayan manifestado. Por ejemplo:

Déclaration du comité éditorial de la revue Le Mouvement social“, Le Mouvement social
Les Maux et les nombres“, L’Homme
Non à la quantophrénie évaluatrice“, La Revue Philosophique
La fièvre de l’évaluation“, Revue d’ histoire moderne et contemporaine

Y también Annales, que le dedica el editorial de su último número (6,2008):

annales-6-2008

El mundo de la investigación y de la educación superior parece estar atrapado por la fiebre evaluadora: es en este contexto en el que hay que situar la importancia del debate en torno a la reciente clasificación de  revistas  por parte de la European Science Fundación (ESF), así como en Francia por la l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES),  inspirada en gran medida en la anterior. Estas clasificaciones separan las revistas europeas, primero  entre las que están incluidas y las que no, para luego dividir aquéllas en tres categorías: A, B y C.  La lectura de los documentos presentados por  la ESF y la  AERES permite apreciar  sus carencias. Los procedimientos y los principios que guían la clasificación son impresionistas, los expertos son anónimos y abundan los errores, de modo que algunas revistas aparecen varias veces, en ocasiones con diferentes clasificaciones o con el título equivocado. Peor aún, estas clasificaciones demuestran  injusticias flagrantes, que atentan al sentido común de una comunidad de investigadores que no ignora sus propios valores en ese punto. Las reacciones, a veces virulentas, no se han hecho esperar, tanto en Francia como en otros países europeos, como  Alemania o Inglaterra. Por todas estas razones, la posición de  Annales no puede ser otra que desear que ESF y la AERES retiren sus clasificaciones, por contestadas y controvertidas.

Sin embargo, el debate no ha terminado, porque tras  estas clasificaciones  se plantean otras cuestiones  que hemos de señalar: no se trata sólo de la evaluación de las revistas, sino también, por supuesto, de la evaluación de los investigadores y de las unidades de investigación. En un período de fragmentación del conocimiento y de proliferación de publicaciones, la idea de contribuir a la organización de un debate científico,  reconociendo la existencia de diferentes categorías de revistas, no  carece de sentido a priori, siempre  que no cree  compartimentos estancos ni jerarquías arbitrarias . E incluso entonces los criterios de clasificación y los objetivos deben ser claramente visibles, al tiempo  que los procedimientos sean fruto del consenso y de revisiones periódicas. Además, en los países donde las publicaciones dependen del apoyo de las instituciones y de la financiación pública, parece legítimo que haya herramientas que permitan asignar los recursos según criterios científicos. También cabría  esperar que el debate en torno a la evaluación de las revistas científicas permitiera discutir sobre  sus prácticas editoriales, haciendo más explícitas las expectativas de las instituciones que las financian y las de los investigadores que las alimentan y leen. En respuesta a las protestas de  revistas e investigadores, los expertos científicos de AERES dieron recientemente  pruebas de su interés en la discusión. Tenemos que tomar nota. Dejemos constancia de que  con la publicación de clasificaciones, sin discusión previa y sin que se haya establecido claramente su uso,  las instituciones europeas y francesa (a diferencia de los Estados Unidos, que  siempre se presenta como ejemplo, pero que no  aplica este tipo de clasificación) emprenden un camino cuyo peligro queda puesto de relieve a través de decenios  de investigación.  Annales no puede sino advertir contra el uso de estos dispositivos de medición y clasificación del conocimiento, al tiempo que desea fomentar la reflexión sobre el uso de unas herramientas que no tienen la neutralidad que se les atribuye. Es en nombre del compromiso científico con la práctica de las ciencias sociales en el que se deben expresar sus reservas con respecto a estas decisiones discutibles.   Es probable que estas clasificaciones  contribuyan  a  fijar el espacio intelectual haciendo  más difíciles  las innovaciones, otorgando a la vez  una prerrogativa  a  las revistas con mejor  reputación. El impuso de crear nuevas revistas, tan necesario para la vida intelectual, puede padecer las consecuencias .

Pero el principal problema que amenaza el principio de una única clasificación de revistas es la diversidad de magnitudes con las que las revistas pueden ser clasificadas. Una  revista puede ser la referencia internacional en su campo y  tener una difusión limitada a un pequeño círculo intelectual, mientras que otra puede abarcar una zona geográfica limitada y, en cambio,  ser leída por muchos más investigadores. Hay que felicitarse  por la existencia de una verdadera diversidad  de  revistas, garantía de un pluralismo metodológico e intelectual. Por último, la elaboración  de estas clasificaciones basadas en las distintas disciplinas, algo que varía de un país a otro, sólo agrava las dificultades. A veces lleva las cosas al absurdo, como cuando  las revistas interdisciplinarias  son evaluadas  en una  única disciplina, de modo que  su proyecto intelectual queda totalmente desnaturalizado. Las comunidades de conocimiento no son todas del mismo tamaño, ni tienen  las mismas fronteras ni el mismo funcionamiento,  y es importante reconocer esa diversidad irreductible. La cuestión de la evaluación de las revistas científicas, perfectamente legítima, sigue abierta, pero una única clasificación uniforme no es la solución: es innecesaria y contraproducente, con más efectos negativos que positivos .

Seguramente,  la resistencia a la clasificación de  revistas habría  sido menos cruda si no estuviera ligada a la introducción de nuevas formas de evaluación de los investigadores. El primer riesgo de una evaluación  es que se centre  estrictamente en criterios cuantitativos,  en un momento en el que la comunidad científica toma  conciencia de las limitaciones de las herramientas bibliométricas y de la vanidad de  medidas tales como el “factor de impacto”,  incluidas  las ciencias físicas o naturales, a cuyo mismo nivel se intenta poner a las ciencias sociales y humanas. Incluso aunque la cantidad de publicaciones no tenga  nada que ver a menudo  con la calidad de un investigador científico, y aún así pueda considerarse para medir sus actividades científicas  mediante  indicadores ciertamente falibles  pero objetivables, la ausencia de una correlación directa y el riesgo de sucumbir a la facilidad de los métodos cuantitativos incitan a la prudencia. Sobre todo porque, a diferencia de otras disciplinas, las obras de referencia en ciencias sociales no son siempre las revistas, pues los libros juegan un papel fundamental para estructurar el debate. Por otra parte, este tipo de diseño de la evaluación pone de manifiesto un malentendido. La función de un consejo de redacción no es puntuar los artículos, haciendo el trabajo de los evaluadores institucionales,  y no hay que hacer recaer sobre él  la parte más importante de la evaluación, la parte cualitativa, en un momento  en el que, por contra, es necesario defender las instancias colectivas de  evaluación. Un consejo de redacción trabaja  para garantizar la máxima calidad científica de los artículos publicados, pero también para defender un concepto de la investigación que es característico de cada revista. Los miembros de estos consejos toman decisiones intelectuales que no son neutras y que se inscriben en la historia y en la identidad de cada revista, lo que invalida el uso de una clasificación mecánica de las revistas como herramienta primordial para evaluar a los investigadores o a los grupos de investigación.

Así pues, nos parece peligrosa esa vía de  una evaluación cuantitativa basada en una clasificación de las revistas. Sin embargo, no hay argumentos  para rechazar, por principio,  una evaluación más rigurosa de la labor de los investigadores, y menos  en nombre del engañoso argumento de que todo vale. Se objeta que los investigadores ya están evaluados. Sin embargo, ¿quién puede proclamar seriamente que los mecanismos de evaluación individual no se pueden mejorar? La negativa a cualquier tipo de evaluación o el mantenimiento del statu quo no son más deseables que la propuesta de evaluación con criterios estrictamente cuantitativos. El compromiso con una concepción científica del trabajo intelectual en  la historia  y las ciencias sociales difícilmente se puede  acomodar con  la supuesta inconmensurabilidad de nuestras producciones. Del mismo modo, resulta paradójico que nuestra práctica consista en buena medida en evaluar a estudiantes o colegas más jóvenes y que, en cambio,  rechacemos cualquier debate sobre las formas de evaluación. Las condiciones actuales de la contratación en las  universidades, parasitadas con demasiada frecuencia  por el localismo y el clientelismo, pero también el desarrollo de las carreras, donde no se fomenta a los investigadores más dinámicos, e incluso a veces con evidente desfase entre el reconocimiento científico y el recorrido institucional, son argumentos en favor de  una evaluación más sistemática, a condición de que nos pongamos de acuerdo sobre la  formas de hacerla. Sin embargo, los recientes acontecimientos,  relacionados con la creación de organismos nacionales y europeos que evalúan las revistas, los investigadores y los proyectos con total opacidad, no son tranquilizadores en este sentido. Estas instituciones, cuyos miembros no se eligen sino que se nombran sin más,  contribuyen a reforzar el sentimiento de arbitrariedad, dada la ausencia de unos criterios y procedimientos que sean expuestos  públicamente para, posteriormente, ser reconocidos y validados colectivamente. Desarrollan hasta un nivel jamás antes  alcanzado la burocratización de la investigación, de modo que los profesores del nivel superior,  cuyo supuesto trabajo de investigadores a tiempo parcial   ya queda mermado por  la acumulación de tareas pedagógicas y administrativas, pasan a menudo más tiempo elaborando proyectos o escribiendo informes que dedicados a la propia investigación. Por último, y no es lo menos paradójico, mientras la retórica política afirma promover  la autonomía de las instituciones universitarias,  se está aplicando  en realidad  una centralización directamente sometida a un  control administrativo, es decir, político, que a menudo ignora  la realidad más elemental de la investigación.

No nos hagamos ilusiones: la evaluación es intrínsecamente problemática y poco satisfactoria en nuestras disciplinas. La evaluación cualitativa por pares, que oponemos de buena gana a la evaluación bibliométrica,  no es una panacea: para los investigadores supone dedicarle mucho tiempo,  depende de cómo se nombre a los evaluadores  y no garantiza que  se distinga el trabajo innovador.

Annales no pretende  ofrecer -tampoco es su función- una solución a estos problemas, sólo puede manifestar  su deseo de que haya una redefinición colectiva de las normas,  siguiendo criterios de transparencia,  autonomía y responsabilidad. En este período de incertidumbre económica y de creciente amenaza a las condiciones del trabajo científico, las revistas y los investigadores que publican deben demostrar hoy su capacidad de defender e ilustrar una idea de la investigación científica y de su evaluación que, aún siendo imperfecta, tengan la valentía de aplicarse a sí mismos.

Robert Darnton: digitalización y derechos de autor (2)

Continuación de la primera parte…

No se puede legislar la Ilustración, pero se pueden establecer reglas de juego para proteger el interés público. Las bibliotecas representan el bien público. No son empresas, pero tienen que cubrir gastos. Necesitan un plan de negocios. Piense en el antiguo lema de Con Edison cuando tuvo que perforar las calles de Nueva York para llegar al subsuelo: “tenemos que cavar”. Las bibliotecas dicen: “tenemos que digitalizar”. Pero no de cualquier manera. Debemos hacerlo en aras del interés público, lo que significa hacer que quienes digitalizan sean responsables ante la ciudadanía.

Sería ingenuo identificar Internet con la Ilustración. Tiene un potencial para difundir conocimientos más allá de lo imaginado por Jefferson, pero mientras se estaba construyendo, enlace a enlace, los intereses comerciales no estaban de brazos cruzados en una esquina. Quieren controlar del juego, absorberlo, ser sus propietarios. Compiten entre sí, por supuesto, pero tan ferozmente que se eliminan unos a otros. Su lucha por la supervivencia está conduciendo hacia un oligopolio; y, gane quien gane, la victoria puede significar una derrota para el bien público.

No me malinterpreten. Sé que las empresas deben ser responsables ante los accionistas. Creo que los autores tienen derecho a que se les pague por su trabajo creativo y que los editores merecen ganar dinero por el valor que añaden a los textos de los autores. Admiro la magia del hardware, el software, los motores de búsqueda, la digitalización y la clasificación según la relevancia algorítmica. Reconozco la importancia de los derechos de autor, aunque creo que el Congreso lo hizo mejor en 1790 que en 1998.

Pero nosotros tampoco nos podemos quedar al margen, confiando en que  las fuerzas del mercado trabajen para el bien común.  Es necesario que nos comprometamos, que nos involucremos,  para recobrar  el legítimo dominio público. Cuando digo “nosotros”, me refiero a nosotros, el pueblo, somos nosotros los que creamos la Constitución y los que deberíamos hacer que su trasfondo, el  de los principios  de la Ilustración,  informara  la realidad cotidiana de la sociedad de la información. Sí, nosotros hemos de  digitalizar. Pero lo más importante es que  hay que democratizar. Tenemos que abrir el acceso a nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo? Reescribiendo las reglas del juego,  subordinando los intereses privados al bien público e inspirándonos en los viejos  principios republicanos  para crear una República Digital del Aprendizaje.

 

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¿Qué es lo que ha provocado  estas reflexiones, entre jeremiada y utopismo?:  Google. Hace cuatro años, Google comenzó a digitalizar libros de bibliotecas de investigación, permitiendo una búsquda completa dentro de todos los textos  y haciendo que los libros de dominio público estuvieran disponibles en Internet sin costo alguno para el usuario. Por ejemplo, ahora cualquier persona en cualquier lugar puede ver y descargar una copia digital de la primera edición de 1871 de Middlemarch,  que se encuentra en la colección de la Bodleian Library en Oxford. Todo el mundo sale beneficiado, y también Google, que obtiene  algunos ingresos de la discreta publicidad que se adjunta a su servicio, el Google Book Search. Google también ha digitalizado un creciente número de libros de   bibliotecas que están protegidos por derechos de autor, proporcionando servicios de búsqueda sobre  pequeños fragmentos del texto. En septiembre y octubre de 2005, un grupo de autores y editores presentaron  una demanda contra Google, alegando que violaba los derechos de autor. El 28 del pasado mes de octubre, tras  largas negociaciones, las partes anunciaron un acuerdo,  sujeto a la aprobación de la Corte del  Southern District de Nueva York [En este blog ya hemos hablado de ello y allí se puede seguir el citado acuerdo].

El acuerdo  crea una empresa conocida como Book Rights Registry  que representa  los intereses de los titulares de los derechos de autor. Google va a vender el acceso a un gigantesco banco de datos compuesto principalmente de derechos de autor, libros descatalogados que ha digitalizado en las las bibliotecas de investigación. Colegios, universidades y otras organizaciones podrán suscribirse pagando  una “licencia institucional” que les dará acceso a ese banco de datos. Una “licencia de acceso público” permitirá que ese material esté a disposición de las bibliotecas públicas, de modo que Google ofrecerá gratuitamente la visualización de los libros digitalizados en un terminal de ordenador. Y los particulares también podrán acceder e imprimir versiones digitalizadas de los libros mediante la compra de un “licencia de consumidor” de Google, que colaborará con el Registro distribuyendo los ingresos a todos los titulares de derechos de autor. Google se quedará con  el 37 por ciento, mientras el Registro obtendrá el 63 por ciento, que  distribuirá entre los titulares de los derechos.

Mientras tanto, Google seguirá permitiendo que los libros de dominio público estén disponibles para que los usuarios los puedan leer, descargar e imprimir  de forma gratuita. De los siete millones de libros que al parecer Google ha digitalizado  hasta noviembre de 2008,  las obras de  dominio público son un millón; otro millón están vivos y con derechos de autor, y cinco millones tienen  derechos de autor, pero están descatalogados. Es esta última categoría la que proporcionará la mayor parte de los libros que estarán disponibles mediante  la licencia institucional.

Muchos de los libros vivos y con derechos no estarán disponibles en el banco de datos a menos que los titulares de esos derechos opten por incluirlos. Se continuarán vendiendo en la forma habitual, como libros impresos,  y también podrán ofrecerse a clientes individuales como copias digitalizadas, accesibles a través de la licencia de consumidor para la descarga  y la lectura, quizás en lectores de libros electrónicos como el Amazon Kindle.

Después de leer el acuerdo e intentar asimilar todos sus términos -no es una tarea fácil, porque ocupa 134 páginas y 15 anexos llenos de legalismos-, lo más probable es sentirse anonadado: tenemos  una propuesta que podría conducir a  la biblioteca más grande del mundo. Sería, por cierto,  una biblioteca digital, pero dejaría enanas la Biblioteca del Congreso y todas las bibliotecas nacionales de Europa. Por otra parte, buscando los términos del acuerdo con  autores y  editores, Google también podría convertirse en la empresa más grande del mundo en el negocio del libro –no una cadena de tiendas, sino un servicio electrónico suplementario que dejaría  fuera a la propia Amazon.

Una empresa de tal envergadura se vería  obligada a suscitar  reacciones de esos dos tipos de los que he estado hablando: por un lado, el entusiasmo utópico, por el otro, la jeremiada sobre el peligro de concentrar el poder que controla el acceso a la información.

¿Quién no reaccionaría ante la perspectiva de  que prácticamente todos los libros de las bibliotecas de investigación más grandes de América estén alcance de todos los estadounidenses, y quizás de  cualquiera persona en cualquier lugar con acceso a Internet? No sólo la brujería tecnológica de Google llevará libros a los lectores, también se abren extraordinarias oportunidades para la investigación, toda una gama de posibilidades,  desde la búsqueda simple de palabras  a los tratamientos complejos de un texto. Bajo ciertas condiciones, las bibliotecas participantes podrán hacer uso de las copias digitalizadas de sus libros para sutituir aquellos  que han sido dañados o perdidos. Google adecuará los textos de manera que puedan servir  para los lectores con alguna discapacidad.

Lamentablemente, Google sólo se compromete a proporcionar el libre acceso a su base de datos en un terminal de cada una las bibliotecas públicas, y eso tiene muchas restricciones: los lectores no podrán  imprimir un texto que esté protegido por derechos de autor si no abonan la tasa correspondiente a los titulares de esos derechos  (aunque Google se ha ofrecido a pagarlos  inicialmente), y un único terminal apenas satisfará la demanda en las grandes bibliotecas. Pero la generosidad de Google será una gran ayuda para las ciudadess pequeñas, como los lectores  de la biblioteca de la biblioteca de Carnegie, que tendrán acceso a más libros de los que actualmente están disponibles en la Biblioteca Pública de Nueva York. Google puede hacer que el sueño de la Ilustración se haga realidad.

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Pero, ¿de verdad? Los filósofos del siglo XVIII vieron en el monopolio el principal obstáculo para la difusión del conocimiento -no sólo los monopolios en general, que a juicio de Adam Smith y de los fisiócratas sofocaban el comercio, sino algunos en particular,  como el de la Stationers’ Company  en Londres y el del gremio de los libreros en París,  que asfixiaban  el libre comercio de libros.

Google no es un gremio, y no pretende crear un monopolio. Por el contrario, persigue un loable objetivo: promover el acceso a la información. Pero la clase de acuerdo al que ha llegado  Google le hace invulnerable a la competencia. La mayoría de  los autores y los editores  de libros que poseen  derechos de autor en los EE.UU.  quedan automáticamente amparados por el acuerdo. Pueden optar por salirse. Ahora bien,   hagan lo que hagan, no se podrá poner en marcha ninguna nueva empresa  de digitalización sin conseguir su consentimiento uno a uno, una imposibilidad práctica, o sin  enredarse en algún tipo de pleito parecido. En caso de ser aprobado por un tribunal  –un proceso que podría tardar hasta dos años–  el acuerdo logrado por Google le dará el control sobre la digitalización de la práctica totalidad de los libros protegidos por derechos de autor en los Estados Unidos.

Este resultado no estaba previsto inicialmente. Mirando hacia atrás,  en el transcurso de la digitalización de la década de 1990, ahora podemos ver que perdimos una gran oportunidad.  El Congreso,  la Biblioteca del Congreso o  una gran alianza de las bibliotecas de investigación, con el apoyo coaligado de varias fundaciones,  podrían haber hecho ese trabajo con un coste razonable y podrían haberlo diseñado de manera que el interés público primara ante todo. Se podría haber repartido el gasto de varias maneras -un contrato de alquiler  variable según el uso de la base de datos o  una línea presupuestaria del National Endowment for the Humanities o de la Biblioteca del Congreso-, lo cual  habría permitido entregar  a autores y editores sus legítimos ingresos, al tiempo que se hubiera mantenido un fondo en  acceso abierto o con un acceso  basado  en tarifas razonables. Podríamos haber creado una National Digital Library –el equivalente del siglo XXI a la Biblioteca de Alejandría. Ahora ya es demasiado tarde. No sólo hemos fracasado al no darnos cuenta de esa posibilidad, sino que, lo que es peor aún, estamos permitiendo que una cuestión de política pública -el control de acceso a la información- vaya a estar determinada por un acuerdo legal privado.

Mientras las autoridades públicas dormían, Google tomó la iniciativa. No trató de resolver sus asuntos en un tribunal. Se preocupó de su negocio, el del escaneo de libros en las bibliotecas; y lo hizo de forma tan eficar que despertó  el apetito de otros  para compartir  los potenciales beneficios. Nadie debería discutir la reclamación de los autores y los editores, pues los ingresos de sus derechos  les pertenecen legítimamente;  ni nadie debría prununciar un  juicio a la ligera sobre las partes presentes en el acuerdo.. El juez de distrito se pronunciará sobre la validez de la solución, pero sepamos que trata principalmente sobre una cuestión de división de beneficios, no sobre promover el interés público.

Hay una consecuencia imprevista:  Google disfrutará  de lo que sólo podemos denominar como monopolio — un monopolio de un nuevo tipo, no como el de los ferrocarriles o el acero, sino el del acceso a la información. Google no tiene competidores serios. Microsoft abandonó su principal programa para digitalizar  libros hace varios meses, y otras empresas como Open Knowledge Commons (antes llamada la  Open Content Alliance) e Internet Archive  son pequeñas  e ineficaces en comparación con Google. Sólo Google  tiene la capacidad de digitalizar a gran escala. Y una vez  resuelto el litigio con  autores y editores,  puede explotar su potencial económico dentro de un marco jurídico protegido;  un tipo de acuerdo que abarca al conjunto de  autores y editores. Ningún nuevo empresario  será capaz de digitalizar  libros dentro de ese territorio cercado, incluso aunque pudiera permitírselo, porque tendría que emprender de nuevo la batalla por los derechos de autor.    Si la solución es ratificada por el tribunal, sólo Google quedará protegido  de la responsabilidad por derechos de autor.

El historial de Google sugiere que no abusará  de su  poder jurídico-fiscal. Pero, ¿qué pasará si sus actuales dirigentes deciden vender la empresa o jubilarse? El público descubrirá la respuesta en los precios que el futuro Google vaya a cargar, especialmente el precio de las licencias de suscripción institucional. El acuerdo deja a Google en libertad para negociar con cada uno de sus clientes, aunque anuncia dos principios rectores: “(1) obtener ingresos a precios de mercado para cada uno de los libros y  licencias en nombre de los titulares de derechos y (2) ofrecer  un  amplio  acceso a los libros por parte del público, incluidas las instituciones de educación superior “.

¿Qué pasará si Google favorece la rentabilidad sobre el acceso? Nada, si he leído los términos del acuerdo de forma correcta. Sólo el Registro, en representación de los titulares de derechos de autor, tiene poder para forzar un cambio en los precios de la suscripción que cobra  Google, y no hay ninguna razón para esperar que el Registro se oponga si los precios son demasiado altos. Google podrá optar por ser generoso al fijar el precio, y tengo motivos para esperar que así sea, pero también podría emplear una estrategia similar a la que se ha seguido con el aumento de precio de las revistas académicas, que tan eficaz ha demostrado ser: en primer lugar, atraer suscriptores con tasas iniciales bajas y, a continuación, una vez que están conectados, elevarlas tanto como pueda soportar el tráfico.

Los defensores del libre mercado pueden argumentar que éste se corregirá a sí mismo. Si Google cobra demasiado, los clientes cancelarán sus suscripciones, y el precio se reducirá. Sin embargo, no hay conexión directa entre la oferta y la demanda en el mecanismo de licencias institucionales que prevé el acuerdo. Estudiantes, profesores y usuarios de las bibliotecas públicas no van a pagar las suscripciones. El pago provendrá de las bibliotecas, y si las bibliotecas no tienen suficiente dinero para renovar la suscripción, pueden despertar feroces protestas por parte de unos usuarios que se han acostumbrado a los servicios de Google. A la vista de las protestas, las bibliotecas probablemente recortarán otros servicios, incluida la adquisición de libros, tal como sucedió cuando los editores elevaron  el precio de las publicaciones periódicas.

Nadie puede predecir lo que sucederá. Sólo podemos leer los términos del acuerdo  y conjeturar sobre el futuro. Si Google pone a nuestra disposición, a un precio razonable, el conjunto combinado de todas las principales bibliotecas de EE.UU.,  ¿que no lo aplaudirá? ¿No es preferible un mundo en el que este inmenso corpus de libros digitalizados sea accesible, aunque sea a un precio elevado, a otro en el que eso no exista?

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Tal vez, pero el acuerdo supone un cambio fundamental en el mundo digital,  consolidando el poder en manos de una empresa. Aparte de la Wikipedia, Google ya controla los medios de acceso a la información en línea para la mayoría de los estadounidenses, tanto si quieren saber alguna cosa sobre otras  personas, como sobre bienes, lugares  o sobre casi cualquier cosa. Además de la original “Big Google”, tenemos Google Earth, Google Maps, Google Images, Google Labs, Google Finance, Google Arts, Google Food, Google Sports, Google Health, Google Checkout, Google Alerts, y hay muchas más empresas Google en el camino. Ahora Google Book Search se compromete a crear la biblioteca más grande y el mayor negocio del libro  que haya existido jamás.

Haya entendido o no correctamente  el acuerdo, sus términos están tan firmemente interconectados que no se pueden analizar por separado. En este momento, lo más probable es que ni Google, ni los autores ni los editores, ni siquiera el tribunal de distrito,  modifiquen sustancialmente el acuerdo. Sin embargo, éste es también un punto de inflexión en el desarrollo de lo que llamamos la sociedad de la información. Si de ello resulta ahora un equilibrio equivocado, los intereses privados pueden pesar más que el bien público en el futuro previsible, de modo que el sueño de la Ilustración  puede ser tan esquivo como siempre.

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Recuerdo a los interesados en este particular que pueden consultar la respuesta de Paul N. Courant, historiador y economista de la Universidad de Michigan, que Jorge Ledo ha reproducido en su excelente blog: Ficta eloquentia.

Robert Darnton: digitalización y derechos de autor (1)

Perdón por abusar, pero Robert Darnton nos deleitade nuevo con un texto sugerente y lúcido. En esta ocasión, el historiador norteamericano evalúa el acuerdo de Google con el mundo editorial para The New York Review of Books.

Los interesados en este particular, pueden consultar también la respuesta de Paul N. Courant, historiador y economista de la Universidad de Michigan, que Jorge Ledo ha reproducido en su excelente blog: Ficta eloquentia.  Vayamos primero con Darnton:

darnton       ¿Cómo  navegar por ese paisaje de la información que apenas empezamos a vislumbrar? La cuestión es más urgente que nunca tras el reciente acuerdo entre Google y los autores y editores que habían demandado a dicha compañía por presunta violación de los derechos de autor. Durante los últimos cuatro años, Google ha estado digitalizando millones de libros, muchos de ellos protegidos por derechos de autor, de las colecciones de las principales bibliotecas de investigación, haciendo accesibles en línea esos textos. Autores y editores objetaban  que la digitalización constituía una violación de sus derechos de autor. Tras largas negociaciones, los demandantes y Google han llegado a un acuerdo, que tendrá un efecto profundo en la manera como los libros llegarán a los  lectores en un futuro previsible. ¿Qué va a pasar en el futuro?

Nadie lo sabe, porque la solución es tan compleja que es difícil percibir la situación jurídica y económica en los nuevos contornos de la tierra. Pero aquellos de nosotros que somos  responsables de bibliotecas de investigación tenemos una visión clara de cuál es nuestro objetivo común: queremos abrir nuestras colecciones y ponerlas a disposición de los lectores de todo el mundo. ¿Cómo hacerlo? La única táctica viable puede ser la vigilancia: mira tan  lejos como puedas y,  mientras mantienes el ojo puesto en el camino, no olvides echar un vistazo al retrovisor.

Cuando miro hacia atrás, pongo mi atención en el siglo XVIII, en la Ilustración, en su fe en el poder del conocimiento, y en el mundo de las ideas en el que opera — lo que  los ilustrados denominaban la República de las Letras.

El siglo XVIII imaginó la República de las Letras  como un reino sin policía ni fronteras, sin desigualdades que no fueran las determinadas por el talento. Cualquiera podía unirse a ella mediante el ejercicio de los dos principales atributos de la ciudadanía, la escritura y la lectura. Los escritores formulaban sus ideas y  los lectores loa juzgaban. Gracias al poder de la palabra impresa, los juicios se propagaban  por amplios  círculos y  los argumentos más sólidos acababan ganando.

La palabra también se propagaba a través de la correspondencia, pues  el siglo XVIII fue una época de gran intercambio epistolar. Si uno lee a través de la correspondencia de Voltaire, Rousseau, Franklin o Jefferson -que en cada caso ocupa alrededor de cincuenta volúmenes–  puede ver cómo operaba esa  República de las letras. Esos cuatro escritores debatieron todos los asuntos de su tiempo  en un flujo constante de cartas, que atravesaban  Europa y América conformando una red de información transatlántica.

Yo disfruto sobre todo con el intercambio de cartas entre Jefferson y Madison. Hablaron de todo, en especial de la Constitución Americana, que Madison estaba ayudando a redacta en Filadelfia mientras Jefferson  representaba a la nueva república en París. A menudo se escribían  sobre libros, pues Jefferson amaba frecuentar  las librerías de la capital de la República de las letras y con frecuencia  compraba  libros para su amigo. Entre esas adquisiciones estaba la  Enciclopedia de Diderot,  que Jefferson pensó haber conseguido a precio de ganga, aunque confundió una reimpresión con la primera edición.

enciclopedie

Dos futuros presidentes discutiendo sobre libros a través de la red de información de la Ilustración -es una visión conmovedora. Pero antes de que esa imagen del pasado nos envuelva con el sentimiento, debo añadir que la República de las letras sólo fue democrática en sus principios. En la práctica, fue dominada por personas ricas y de buena cuna.  Incapaces de vivir de su pluma, la mayoría de  escritores tenían que cortejar a sus patronos, solicitar sinecuras, presionar para conseguir un puesto en  las revistas controladas por el Estado, eludir a los censores  y abrirse camino en salones y academias, donde se edificaban las reputaciones. A la vez que  sufrían humillaciones a manos de sus superiores sociales, se revolvían unos contra otros. La pelea entre Voltaire y Rousseau ilustra su temperamento. Después de leer el discurso de Rousseau sobre el origen de la desigualdad en 1755, Voltaire le escribió:  “Señor, he recibido su nuevo libro contra la raza humana …. Le da a uno deseos de ponerse a cuatro patas”. Cinco años más tarde, Rousseau le escribió a Voltaire. “Señor, le odio …”.

Los conflictos se vieron agravados por las distinciones sociales. Lejos de funcionar como un ágora igualitaria,    la República de las Letras padeció la misma enfermedad que devoró  todas las sociedades a lo largo del siglo XVIII: el privilegio. Los privilegios no se limitaban a los aristócratas. En Francia, estaban ampliamente difundidos  en el mundo de las letras, incluídos los ramos de la impresión y del comercio del libro, que estabn dominados por  gremios exclusivos, y los propios libros en sí, cuya publicación legal dependía de obtener un privilegio real y la aprobación del  censor, que aparecían impresos en todo el texto.

Una forma de entender este sistema es  recurrir a la sociología del conocimiento, en particular a  Pierre Bourdieu y su  noción de  la literatura como un campo compuesto de posiciones contendientes dentro de las normas de un juego que  está subordinado a las fuerzas dominantes de la sociedad en general. Pero no es necesario suscribir la escuela sociológica de Bourdieu para reconocer las conexiones entre la literatura y el poder. Visto desde la perspectiva de los actores, las realidades de la vida literaria se contradecían con los nobles ideales de la Ilustración. A pesar de sus principios, la República de las Leras, tal como funcionaba, era un mundo cerrado, inaccesible para los más desfavorecidos. Sin embargo, quiero invocar a la Ilustración para defender  la apertura en general y el libre acceso en particular.

Si volvemos desde el siglo XVIII al presente,   vemos una contradicción similar entre  principio y  práctica -¿aquí mismo, en el mundo de las bibliotecas de investigación? Una de mis colegas es un dama tranquila, diminuta, una suerte de “Marion la Bibliotecaria”. Cuando  acude a alguna fiesta y se presenta, a veces le dicen con condescendencia, “Una bibliotecaria, qué bien. Dime, ¿cómo es eso de ser bibliotecaria?” Ella responde: “En esencia, se trata de dinero y poder”.

Hemos vuelto  con Pierre Bourdieu. Sin embargo, la mayoría de nosotros suscribimos  los principios inscritos en lugares prominentes en nuestras  bibliotecas públicas. “Gratuita para todos”, se lee  encima de la entrada principal de la Biblioteca Pública de Boston;  y están las palabras de Thomas Jefferson, talladas en letras de oro en la pared de la sala donde se reúne el Consejo de Administración  de la Biblioteca Pública de Nueva York: “Veo  la difusión de la luz y de la educación como el recurso más fiable  para mejorar la condición que promueva la virtud y haga avanzar la felicidad del hombre”.  Hemos regresado a  la Ilustración.

Nuestra república fue fundada en la fe en el principio central de la República de las Letras del siglo XVIII: la difusión de la luz. Para Jefferson, la ilustración se materializó a través  de escritores y lectores, de libros y  bibliotecas –especialmente las bibliotecas, en Monticello, en la Universidad de Virginia y en la Biblioteca del Congreso. Esta fe se manifiesta en la Constitución de los Estados Unidos. La sección 8 del artículo 1 establece los derechos de autor y las patentes “por tiempo limitado”, sujetos sólo al  más elevado propósito, el de promover “el progreso de la ciencia y las artes prácticas”. Los Padres Fundadores reconocieron los derechos de los autores en  justa compensación por su trabajo intelectual, pero antepusieron  el bienestar público al beneficio privado.

¿Cómo calcular la importancia relativa de estos dos valores? Como sabían los autores de la Constitución , los derechos de autor fueron creados en Gran Bretaña por el Estatuto Anne en 1710 con el fin de frenar  las prácticas monopolísticas de la London Stationers’ Company y  además, como proclamaba esa norma, “para el fomento del aprendizaje”.  En aquel momento, el Parlamento fijó la duración de los derechos de autor en catorce años, renovables una sola vez. Los papeleros  trataron  de mantener su monopolio de  publicación de  libros defendiendo a lo largo de distintos procesos judiciales que los derechos de autor fuesen a perpetuidad. Pero perdieron, según  la sentencia definitiva de Donaldson contra Becket en 1774.

Cuando los americanos se reunieron para redactar su constitución trece años más tarde, se mostraban por lo general a favor de la perspectiva que había predominado en Gran Bretaña. Veintiocho años les pareció  tiempo suficiente para proteger los intereses de los autores y los editores. Más allá de ese límite, el interés del público debía  prevalecer. En 1790, la primera norma sobre   derechos de autor -también dedicada al “fomento del aprendizaje”- seguía la práctica  británica adoptando el límite de catorce años, renovables por otros catorce.

¿Hasta cuándo se extienden los derechos de autor hoy en día? Según la Sonny Bono Copyright Term Extension Act de 1998 (también conocida como la “Mickey Mouse Protection Act”, porque Mickey estaba a punto de ser de dominio público),  dura mientras el autor esté vivo y se extiende además hasta  setenta años después de su muerte. En la práctica, eso significa  normalmente  más de un siglo. La mayoría de los libros publicados en el siglo XX todavía no son de  dominio público. Cuando se trata de la digitalización, el acceso a nuestro patrimonio cultural finaliza generalmente el 1 de enero de 1923,  fecha desde la que   un gran número de libros están sujetos a las leyes del copyright. Y así seguirá siendo — a menos que los intereses privados se hagan cargo de la digitalización,  la empaqueten y ofrezcan a los  consumidores, envuelvan  los paquetes con acuerdos legales  y los vendan consiguiendo beneficios para los accionistas. Tal como están las cosas ahora mismo, el  Babbitt de Sinclair Lewis, por ejemplo,  publicado en 1922, es de dominio público, mientras que su Elmer Gantry, publicado en 1927, no será de dominio público hasta 2022. [Paul A. David y Jared Rubin, “Restricting Access to Books on the Internet: Some Unanticipated Effects of U.S. Copyright Legislation”,  Review of Economic Research on Copyright Issues, Vol. 5, No. 1 (2008)]

Descender desde  los elevados principios de los Padres Fundadores a las prácticas actuales de la industria cultural   supone abandonar el reino de la Ilustración por el alboroto del capitalismo corporativo. Si aplicáramos la sociología del conocimiento al presente -como hizo el propio Bourdieu-   veríamos que vivimos en un mundo diseñado por Mickey Mouse, con dientes y garras rojos.

¿Es este baño de realidad el que hace que los principios de la Ilustración parezcan  una fantasía histórica? Reconsideremos la historia. A medida que la Ilustración se apagaba a principios del siglo XIX, la profesionalización emergía.  Se puede seguir el proceso mediante la comparación de la Encyclopédie de Diderot, que organizó el conocimiento en un todo orgánico dominado por la facultad de la razón, con su sucesora desde finales del siglo XVIII,  la Encyclopédie méthodique, que divide el conocimiento en los campos que podemos reconocer hoy en día: la química, la física, la historia, las matemáticas  y así sucesivamente. En el siglo XIX, esos campos se convirtieron  en l  profesiones, certificadas con doctorados   y custodiadas por  asociaciones profesionales. Luedo  se metamorfosearon en  departamentos  universitarios  y a lo largo del siglo XX  han dejado su impronta en los campus -la química  en este edificio, la física en el otro, aquí la historia, allá las matemáticas, y en el centro de todo  una biblioteca,  por lo general diseñada para parecerse a un templo de aprendizaje.

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A lo largo del camino, han ido brotando revistas profesionales en todo los campos,  subcampos y sub-subcampos. Las asociaciones académicas las producen, y las bibliotecas se las compran. Este sistema funcionó bien durante unos cien años. Luego   los editores comerciales  descubrieron que podían hacer una fortuna vendiendo las  suscripciones a esas revistas. Una vez que una biblioteca universitaria se suscribe,  estudiantes y profesores   esperan un flujo ininterrumpido de números de esas revistas. El precio podía dispararse  sin que hubiera cancelaciones, puesto que son las bibliotecas  y no los profesores quienes  abonan las suscripciones. Y lo  mejor de todo es que el trabajo de los   profesores siempre es gratis, o casi. Escriben los  artículos, evalúan los ensayos recibidos y forman parte de los consejos editoriales, en parte para difundir el conocimiento al modo ilustrado, pero principalmente para promover sus propias carreras.

El resultado queda reflejado  en el presupuesto de adquisiciones de cada biblioteca de investigación: la suscripción anual al Journal of Comparative Neurology cuesta ahora 25,910 dólares; Tetrahedron 17,969 (o 39,739  si se incluyen otras publicaciones relacionadas que van en el pack de Tetrahedron ); el precio medio de una revista de química es de  3490, y esta onda expansiva ha acabado dañando la vida intelectual de todo el mundo del conocimiento. Debido a la subida de  costos de las publicaciones periódicas, las bibliotecas que solían gastar el 50 por ciento de su presupuesto en adquirir monografías  ahora utilizan el 25 por ciento o incluso menos. las editoras universitarias, que dependen de las ventas a las bibliotecas, no pueden cubrir sus costos publicando monografías. Y los investigadores jóvenes,  que dependen de este tipo de publicación para promover sus carreras, se encuentran en peligro de extinción .

Afortunadamente, esta imagen de los hechos que ocurren en  la vida del mundo del conocimiento ya está desfasada. Biólogos, químicos y  físicos  ya no viven en mundos separados, ni tampoco  los historiadores, los antropólogos o los filólogos. El antiguo mapa del campus  ya no se corresponde con las actividades de   profesores y estudiantes.  Se está rediseñando en todo el mundo,  y en muchos lugares los diseños interdisciplinario se están convirtiendo en estructuras. La biblioteca permanece en el corazón de las cosas, pero surte de alimento a toda la universidad  y, a menudo, llega al  ciberespacio, por medio de redes electrónicas.

La  República de las letras del siglo XVIII se ha transformado en una  República del Conocimiento profesional, y está abierta a los aficionados -aficionados en el mejor sentido de la palabra, a los amantes del aprendizaje entre la ciudadanía en general. Esta apertura está funcionando en todo el mundo  gracias al “acceso abierto” a los  archivos digitales que contienen artículos disponibles de forma gratuita, ya sea la Open Content Alliance, el Open Knowledge Commons, el OpenCourseWare, el Internet Archive  o  empresas  abiertamente de aficionados como la Wikipedia. La democratización del conocimiento parece estar ahora al alcance de nuestras manos. Podemos hacer que los ideales de la Ilustración cobren vida en la práctica.

Llegados a este punto, alguien  puede sospechar que he  oscilado desde un género tan americano como la jeremiada a otro, el del entusiasmo utópico. Supongo que  sería posible que ambos  funcionaran a un tiempo de forma dialéctica, si no fuera por el peligro de la comercialización. Cuando las empresas como Google miran a las bibliotecas  no las ven sólo como templos de aprendizaje. Ven activos potenciales, lo que llaman   “el contenido”, listos para ser extraídos. Construidas a lo largo de siglos con un enorme gasto de dinero y de mano de obra, las colecciones de las bibliotecas pueden ser digitalizadas de forma masiva  con un coste relativamente bajo -son millones de dólares, sin duda, pero eso es poco en comparación con la gran  inversión realizada.

Las bibliotecas existen para promover un bien público: “el fomento del aprendizaje”, un aprendizaje “gratuito para todos”. Las empresas existen para ganar dinero para sus accionistas -y una buena cosa, también, para el bien público depende de una economía rentable. Sin embargo, si permitimos la comercialización de los contenidos de nuestras bibliotecas,  no podemos esquivar una contradicción fundamental. Digitalizar las colecciones y vender el producto de manera que no se garantize un amplio acceso sería repetir el error que se cometió cuando los editores explotaron el mercado de revistas, pero a escala mucho mayor, ya que Internet se convertiría en un instrumento para la privatización de  conocimientos que pertenecen  a la esfera pública. Ninguna mano invisible  intervendría  para corregir el desequilibrio entre el  bienestar privado y el público. Sólo el sector público puede hacerlo, pero ¿quién habla en su nombre? No los legisladores de la Mickey Mouse Protection Act.

Las fuentes (y cómo usarlas) en la era digital

The Chronicle of Higher Education se plantea el asunto de las fuentes y la citación.  Los estudiantes que empiezan su investigación, nos dice, ya no citan como  solían. Más aún, tienen dificultades para evaluar la credibilidad de la información que encuentran, ya sea  impresa o en línea. Al menos eso es lo que plantean dos docentes del Mesa Community College, a la luz de lo que han experimentado  en sus cursos. Así que  Rochelle Rodrigo L. y Susan K. Miller-Cochran han presentado su The Wadsworth Guide to Research, publicada este año por Cengage Learning. Además, en noviembre  presentaron algunas de sus estrategias en el simposio Rock the Academy  del New Media Consortium, que se derarrolló en Second Life (nada menos, y nosotros con estos pelos!).

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A propósito de todo ello, The Chronicle  entrevista a la profesora  Miller-Cochran 

P. ¿Qué le hizo pensar que los estudiantes necesitan ayuda?

Si usted mira  la mayoría de los libros de texto para los cursos de escritura, verá que tienden a enseñar a los estudiantes a clasificar las fuentes de dos maneras: las impresas,  que pueden hallarse en una biblioteca o archivo, y las que existen en internet, en línea. El hecho es que realmente no importa mucho  si una fuente está en línea o impresa. Queremos que los estudiantes vayan más allá de esa división, que piensen sobre quién es el autor de la fuente, sobre cómo se ha compuesto antes de publicarse,  cosas así,  más allá de dónde estaba localizada cuando la encontraron.

P. ¿Qué propone a partir de esa primera evaluación?

Pedimos a los estudiantes que piensen en el sentido del proceso de publicación. ¿Fue compuesto antes de su publicación, fue revisado por otros o es  autopublicado? Luego también les pedimos que piensen en cómo puede cambiar la fuente con el tiempo, según la forma en la que se publicó.  ¿Es una fuente estática que una vez publicada ya no cambia en absoluto? ¿Se trata de una fuente sindicada, algo así como una revista o un periódico? ¿O es una fuente dinámica, algo que podría estar cambiando constantemente con el tiempo?

P. ¿En qué medida los estudiantes cambian de  hábitos cuando consideran estas cuestiones?

La diferencia más inmediata es que la primera opción de mis  estudiantes ya no es ir a  la Wikipedia o a Google. Cuando empiezan el curso, ese suele ser su modus operandi habitual. Ahora, en cambio,  es mucho más probable que vayan a la base de datos de una  biblioteca, por ejemplo. Y cuando la utilizan,  puede que elijan  la opción de búsqueda sólo para artículos académicos, porque ahora  entienden la diferencia entre algo que es revisado por sus pares y algo que se acaba de editar una revista popular.

También tienen una mayor comprensión del contexto de la investigación que están haciendo. Así que en lugar de hacer un trabajo escrito sólo para mí, la profesora,  están pensando en   la posible audiencia que podría tener su objeto de estudio. Piensan en cómo podrían persuadir a alguien acerca de un asunto en particular -lo cual regula las decisiones que toman acerca del  tipo de fuentes que pueden utilizar.

 P. ¿Es difícil sacar a los estudiantes  de Google y la Wikipedia?

Realmente difícil. Me refiero a que Google y la Wikipedia son realmente convenientes. No son el demonio.

Muchos  profesores abordan el asunto de la Wikipedia de forma simple, diciéndoles a los estudiantes: “No se puede utilizar. No es fiable”. Nosotros no queremos hacer eso. Queríamos entender  realmente cómo se escribe la Wikipedia , cómo se construye, cómo funciona el proceso de revisión y edición, a fin de que puedan determinar de qué modo les puede ser útil en su investigación.

P. ¿Qué conclusiones extrajeron del simposio en Second Life?

Me di cuenta con el debate de que si un mayor número de profesores, sobre todo de inglés, se asociaran con las bibliotecas a la hora de enseñar cómo investigar, nos iría mejor. No siempre trabajamos  con las personas de nuestras propias instituciones que realmente nos ayudarían a tener una comprensión más profunda de la información y de los recursos que los estudiantes están encontrando.

Los historiadores y el podcast

En medios digitales, se ha recibido con entusiasmo la iniciativa del  Journal of American History de ofrecer  un podcast.  Recordemos que por tal cosa se entiende un conjunto de archivos de audio o  vídeo distribuidos por Internet. Los archivos se pueden descargar a un ordenador o a un reproductor  digital,  como   el inefable iPod (vía iTunes).  Lo que caracteriza al  podcast es la capacidad de los usuarios para suscribirse, de modo que se pueden descargar de forma automática los nuevos contenidos que se vayan añadiendo. Por otra parte, su uso está bastante extendido en las Universidades americanas.

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En este caso, el primer  “JAHcast” ofrece una charla entre John Nieto-PhillipsJames Meriwether sobre  su artículo “Worth a Lot of Negro Votes’: Black Voters, Africa, and the 1960 Presidential Campaign“, que ocupa 18 MB y dura unos 26 minutos. Digamos que el artículo de Meriwether apareció en diciembre de 2008 en el  Journal of American History y es objeto de análisis en el suplemento online  “Teaching the JAH”.

Para  Dan Cohen, por ejemplo, es una buena manera de crear una audiencia y añadir contexto a las publicaciones impresas. Sería excelente para la JAH añadir otros tipos de podcasts, como los paneles de su reunión anual y otras  discusiones o debates (en lugar de centrarse en un único artículo). Sin embargo, es un gran primer paso.

Revistas académicas, evaluación del conocimiento y carrera docente

En la reciente reunión anual de la AHA se dedicó una sesión a discutir sobre las revistas académicas y su evaluación:  ” “Grading” Journals: How, Why, and by Whom? “.  Las propuestas iniciadas en Europa, Australia y Nueva Zelanda han llevado la inquietud también a los historiadores norteamericanos, que desde hace tiempo debaten sobre el particular, en especial a través del Council of Editors of Learned Journals. Veamos, pues, qué está ocurriendo en nuestro continente, aunque parece que nuestros colegas del otro lado del Atlántico estén más enterados que muchos de los que pululamos por aquí.

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Para entenderlo, quizá lo más conveniente sea reproducir un manifiesto francés titulado:  “Pour le retrait complet et définitif de la « liste des revues » de l’AERES“.

“Ante la creciente utilización de las evaluaciones cuantitativas en la investigación científica, las reacciones se multiplican  en todas las disciplinas, denunciando los efectos nocivos de estos métodos. Las humanidades y las ciencias sociales, las últimas en verse afectadas, no se han quedado atrás. Mientras la Fundación Europea para la Ciencia tiene por objeto establecer su propia clasificación de  revistas de humanidades (ERIH: European Reference Index for the Humanities), la comunidad internacional de editores de revistas de historia de la ciencia, de la técnica  y de la medicina han solicitado que sus revistas no se incluyan.

En Francia, la Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) ha publicado  una “liste des revues scientifiques du domaine des sciences humaines et sociale”, que las clasifica en A, B y C,   inspirándose en buena medida en el ERIH. Esta publicación ha suscitado fuertes tensiones en la comunidad científica. Más allá de las incoherencias, absurdos, omisiones o injusticias que se reflejan en esa lista, la cuestión es que se ha utilizado por primera vez un método discutible. Segun las disciplinas, los criterios no son uniformes y no está claro si se trata de medir  “la proyección de las revistas” (presentación general), su “nivel” (criterio sociológico) o el “factor de impacto” (criterio psicológico). Esta incoherencia viene acompañada por una opacidad lamentable, pues  los nombres de los expertos que han hecho estas listas no suelen hacerse  públicos.

Más preocupante aún es el uso  de esta clasificación, ya que debe utilizarse para discriminar los investigadores  que “publican” de los que “no publican” en un grupo de investigación,  con el fin de decidir la financiación de estos grupos. La evaluación de la investigación constituye una operación científica  vital, pero pertenece a los investigadores; no puede automatizarse ni hacerse  sin una lectura   efectiva e informada de la obra en cuestión. La clasificación propuesta por el AERES  parece indicativa;  si los investigadores  han de seguir esas recomendaciones, cabe esperar efectos desastrosos para las revistas que queden marginadas en estas clasificaciones.  El conjunto de la investigación lo sufrirá de inmediato.

En una reciente decisión, relativa a los campos de  la literatura francesa y de la literatura comparada,  AERES ha renunciado a establecer una lista de revistas clasificadas. Pedimos a la   AERES que la extienda  a todas las disciplinas y que esta moratoria se transforme en puro y simple abandono. Además, convencidos de la necesidad de una acción concertada de los investigadores de todos los campos en el plano internacional, invitamos a todos los responsables de las revistas científicas a unirse a la iniciativa de nuestros colegas de  historia de la ciencia, la técnica y la   medicina”.

Así pues, como ha señalado Pierre Jourde en Le Monde Diplomatique, son varios los reproches a este modelo bibliométrico: se afirma que las revistas anglosajonas están sobrevaloradas,  que eso no se corresponde con sus verdaderas cualidades; que esta sobrevaloración  causará  la huida de  textos europeos hacia esas revistas, con lo que tal bibliometría provoca lo que  pretende medir;  que otorgar  la preeminencia a determinadas revistas les permite dormirse en los laureles para la eternidad;  que el criterio principal de publicación en una revista  prestigiosa  no es necesariamente la calidad de la investigación científica; que la investigación más audaz se difunde a menudo en revistas recientes y poco conocidas;   que estos criterios son cuantitativos y, por eso mismo, carecen de sentido para medir la calidad de una obra;  que muchas veces es el  tiempo el que muestra la importancia de la investigación; que la calidad de una revista no se mide por su distribución, ni la calidad de un texto por  la reputación de la revista que lo acoje;  que abundan,  sobre todo en las humanidades,  documentos básicos en soportes raros y confidenciales;  que el “registro” condena de antemano la creación de revistas  innovadoras y audaces;  que los avances del conocimiento se hacen a menudo fuera o en contra de las instituciones  establecidas, tan bien consideradas por Aeres;  que el número de citas mide las modas intelectuales, las posiciones de  poder y la audiencia  de un autor más que la calidad del  artículo citado;  y que todo esto puede producir un pensamiento plano y servil.

Por otra parte, como indica el manifiessto, esa clasificación se ha utilizado en el proyecto de  reordenación parcial de la carrera docente (el estatuto de los enseignants-chercheurs). En concreto, para fijar los denominados Critères d’identification des chercheurs et enseignants-chercheurs “publiants”, algo que tiene distintos efectos (económicos también, por supuesto) y que sólo se consigue con un mínimo de publicaciones en revistas del tipo “A”. Eso explica el calendario de movilizaciones previstas (inicialmente en la Sorbona) con el fin de que se deroge esta normativa, movilizaciones que empezarán con la retención de notas del primer semestre y concluirán, si antes no hay acuerdo, con una huelga general prevista al inicio del segundo.

Aunque el modelo sea bien distinto, recordemos que el “Borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas” (10/11/08)también preve tres grados de ascenso para cada uno de los Cuerpos Docentes Universitarios.

En fin, para no cansar, les remito al dossier que ha preparado la Association des Historiens Contemporanéistes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (AHCESR).  Allí se da cuenta de todo eso y de la reunión que mantuvo un enviado de la AERES (Patrice Bourdelais)  con representantes de distintas revistas, entre las que estaban: Actes de la recherche en sciences sociales, Annales, Genèses, Mouvement social, Revue d’histoire moderne et contemporaine,
RH19,  Histoire de l’éducation, Revue de synthèse, Sociétés contemporaines, Revue@ politique, Politix, Tracés, Sociologos, Histoire des religions, Mil neuf cent, Annales de démographie historique, Revue française de socio-économie,  Clio, Economie appliquée, Economie et société,  Hérodote, Politique étrangère, Diasporas, Espace et société y Revue des mondes musulmans.

Además, les invito a consultar:

* La Clasificación de ERIH (las ERIH Guidelines) y la filosofía de este organismo. El modelo expone:

“Category A Journals: high-ranking international publications that are regularly cited all over the world and have a very strong reputation among researchers in different countries.
Category B Journals: standard international publications with a good reputation among researchers in different countries.
Category C Journals: standard and high ranking national publications with a recognised scholarly significance among researchers in a particular (mostly linguistically circumscribed) readership group in Europe; occasionally cited outside the publishing country, though their main target group is the domestic academic community”.

En el caso de la Historia,  el grupo de trabajo lo componen: Simon Mercieca (Chair), University of Malta, Richard Aldous, University College Dublin, Tønnes Bekker-Nielsen, Syddansk Universitet,  Dusan Kovac, Slovak Academy of Sciences,  John Morrill, University of Cambridge,  y Jan Luiten van Zanden, International Institute of Social History.

* La Clasificación de Aeres para la historia, que evalúa todas las revistas (Ayer, Hispania, Historia Social e Historia Contemporánea, por ejemplo, figuran en la “B”).

* Finalmente, el artículo de Nancy Adler y Anne-Wil Harzing, “When knowledge wins: Transcending the sense and nonsense of academic rankings“, que aparecerá en marzo de 2009 en Academy of Management Learning & Education, y del que disponemos de una versión fechada en noviembre de 2008.

La carrera docente en la era digital

Con el título de Bringing Tenure Into the Digital Age, The Chronicle of Higher Education entrevista a Christine L. Borgman. Veamos:

Todos los días aparecen nuevas herramientas para el análisis de la información, pero eso no significa que los estudiosos que las utilizan estén  siendo recompensados, dice Christine L. Borgman,  profesora de estudios sobre la información   en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). La profesora sostiene que la nueva “infraestructura de información académica”  debe tomar la forma de una  investigación interdisciplinaria y colaborativa.

Professor & Presidential Chair in Information Studies (UCLA)
Professor & Presidential Chair in Information Studies (UCLA)

P. En su reciente libro,  Scholarship in the Digital Age,  sostiene  que el sistema de carrera docente ha de  recompensar a  las personas que contribuyan a los proyectos de colaboración digital y no reconocer sólo a los que publican libros y artículos. ¿Por qué?

A. Los datos se está convirtiendo en un asunto  de primer orden.  Cuando la publicación en papel era lo único existente, el artículo o libro estaban al final de la escala. Y una vez que el libro iba a parar a las bibliotecas, los datos a menudo se malgastaban o se permitía su deterioro.

Ahora vivimos  un cambio radical.  Los datos se  convierten en recursos. Ya no son sólo un subproducto de la investigación. Y eso cambia la naturaleza de lo que publicamos, nuestra forma de pensar acerca de lo que hacemos  y sobre cómo educar a nuestros estudiantes de posgrado. La acumulación de esos datos   debería considerarse un acto académico, así como la publicación que se deriva.

P. ¿Estamos hablando de, digamos, un estudioso que ha recogido y gestionado datos sobre la salud de los niños durante  más de cinco años?

R: Sí. Considere la posibilidad de un profesor asistente que acumula datos procedentes de cinco años de trabajo de campo. Si pudiera  compararlos con datos de cinco años  sobre niños de un investigador en otro país, u otro grupo étnico o cepa de ADN, piense en cuánto podría mejorar su trabajo. Podemos unirlos   y hacer comparaciones a gran escala – son cosas que no podíamos hacer antes.

P. Pero, esta “avalancha de datos”, como usted y otros la han llamado, ¿no tiene algunas desventajas? ¿No hay un exceso de información?

A. Francis Bacon se quejó de que había demasiada información. Esto no es una cuestión nueva. Los estudiosos siempre han tenido que gestionar su tiempo y encontrar la manera de decidir qué leer y dónde buscar.

Con Internet la cosa parece abrumadora. Es por eso que asociarse para dividir la tarea resulta de gran ayuda. Mi trabajo se ha hecho cada vez  más colaborativo con los años. En el Center for Embedded Networked Sensing tengo ahora  media docena de estudiantes de posgrado. Provienen de la física,  las ciencias de la computación, la biología y el arte, y todos ellos se están graduando en estudios de la información.

P. ¿Tiene  algunos consejos para el joven académico que se sienta abrumado y sobrepasado?

A. Buscar buenos datos   ya generados y  disponibles. Es el viejo recurso de cómo una hora en la biblioteca  te puede ahorrar pasar sesenta en el laboratorio. Algo similar pasa con la investigación hoy en día. Encontrar buenos datos que alguien ya ha hecho, que se pueden aprovechar, es un tiempo bien aprovechado. [Y] encontrar socios que complementen sus conocimientos.

Q. ¿Cuál es su prescripción cuando se trata de la construcción de infraestructuras que permiten  que toda esa información esté disponible?

A. para eso necesitamos una nueva conversación. Tenemos que determinar lo que deberíamos construir, en lugar de simplemente creer que si lo construimos  los datos llegarán. Hemos gastado mucho dinero en la tecnología sin plantearnos muchas preguntas  sobre la naturaleza de la academia.

Cuando nos hacemos esas preguntas, nos ponemos  en contra de intereses muy arraigados, como la manera de publicar y obtener una plaza docente. Por tanto, tenemos que examinar las políticas y los incentivos del sistema de recompensas académicas, así como del uso y  reutilización de la información. Tendrán que cambiar.

MIT Press, 2007, 336 pp.ágs, 4 ilus.
MIT Press, 2007, 336 págs, 4 ilus.

Concluyamos con los párrafos iniciales de su libro:

Scholars in all fields are taking advantage of the wealth of online information, tools, and services to ask new questions, create new kinds of scholarly products, and reach new audiences. The Internet lies at the core of an advanced scholarly information infrastructure to facilitate distributed, data- and information-intensive collaborative research. These developments exist within a rapidly evolving social and policy environment, as relationships shift among scholars, publishers, librarians, universities, funding agencies, businesses, and other stakeholders. Scholarship in the sciences, social sciences, and humanities is evolving, but at different rates and in different ways. While the new technologies receive the most attention, it is the underlying social and policy changes that are most profound and that will have the most lasting effects on the future scholarly environment. This is an opportune moment to think about what we should be building.

This book is grounded in developments of the twenty-first century, set in both a social and historical context. Today’s initiatives in cyberinfrastructure, e-Science, e-Social Science, e-Humanities, e-Research, and e-Learning emerged from a tumultuous period in scholarly communication in which technological advances converged with economic and institutional restructuring. Every stage in the life cycle of a research project now can be facilitated-or complicated-by information technologies. Scholars in the developed world have 24/7 access to the literature of their fields, a growing amount of research data, and sophisticated research tools and services. They can collaborate with other individuals and teams around the world, forming virtual organizations. Data have become an important form of research capital, enabling new questions to be asked by leveraging extant resources. With the mass digitization of books now under way, previously unforeseen possibilities arise to compare literary themes, extract details of events, improve machine translation, and compile extensive indexes and directories. Text and data mining promise everything from drug discovery to cultural enlightenment.

These wondrous capabilities must be compared to the remarkably stable scholarly communication system in which they exist. The reward system continues to be based on publishing journal articles, books, and conference papers. Peer review legitimizes scholarly work. Competition and cooperation are carefully balanced. The means by which scholarly publishing occurs is in an unstable state, but the basic functions remain relatively unchanged. Research data are another matter entirely. While capturing and managing the “data deluge” is a major driver for scholarly
infrastructure developments, no social framework for data exists that is comparable to that for publishing. Data can be discrete digital objects, but their use is embedded deeply in the day-to-day practices of research. Scholarly infrastructure also must be understood in the context of legal, policy, and economic arrangements. The “open-access movement” to expand the availability of scholarly publications, data, and other information resources is grounded in several centuries of Western thought about “open science.” Open science, in turn, is based on economic principles of public goods. The ethos of sharing that is fundamental to open science and scholarship is threatened by the expansion in scope and duration of copyright protection and patents. These tensions, in turn, are reflected in new forms of publishing and licensing, such as the “information commons” or  knowledge commons.” The many stakeholders in scholarly information infrastructure are addressing their own territories, whether technical, legal, economic, social, or political, or in individual research domains, but few are taking a bigpicture view of the interaction of these factors. The  integrative and interdisciplinary analysis presented here is intended to provoke a conversation among the many parties whose interests depend on a rich and robust scholarly environment.

La historia contemporánea en la Universidad (Reino Unido)

A falta de pan casero, buenas son tortas de fuera. Es decir,  los practicantes nativos de la historia no somos muy dados a reflexionar sobre nuestra disciplina ni mucho menos sobre sus circunstancias,  con honrosas excepciones y apreturas coyunturales al margen.  Ocurre lo contrario en otros lugares, donde  la práctica  de la profesión es un aspecto que interesa  desde todos sus ángulos. Aquí hemos dado algunos ejemplos procedentes de nuestros colegas americanos o franceses, pero habíamos obviado a los británicos, igualmente preocupados por su devenir profesional.

Y este olvido se remediará gracias a  la publicación del artículo de Vanessa Ann Chambers, titulado “`Informed By, but Not Guided By, the Concerns of the Present’: Contemporary History in UK Higher Education – Its Teaching and Assessment“, aparecido en el Journal of Contemporary History, vol. 44, núm. 1 (2009), págs 89-105.

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Esta profesora de la University of Exeter señala en el resumen que en septiembre de 2007, el  Higher Education Academy’s Centre for History, Classics and Archaeology encargó un estudio detallado de cómo y dónde se enseña la historia contemporánea  en las instituciones de educación superior del Reino Unido. El objetivo era, por ejemplo,   comprender las  cronologías utilizadas por los departamentos, los recursos utilizados,    cómo se evalúa el aprendizaje y el carácter distintivo de lo contemporáneo en historia. El estudio está basado en el análisis de las páginas web oficiales   y en las respuestas a un cuestionario, y se tradujo en un informe  que fue presentado en la conferencia anual del citado Centro  en 2008.  Así pues, el  artículo analiza en detalle los resultados de la encuesta, recogiendo las preocupaciones planteadas. Es, concluye la autora,   una especie de plataforma para profundizar en el debate y  para ayudar a  comprender  la situación de la enseñanza de la historia contemporánea  en la educación superior  del Reino Unido. Un debate que concluirá, por otra parte, en febrero próximo, con una  jornada  en la que habrá participantes del mundo universitario y de la enseñanza secundaria, todo ello patrocinado por el Institute of Historical Research y el  HEA’s Subject Centre for History, Classics and Archaeology,  y cuyo resultado aparecerá en esa misma revista (JCH).

Pero, ¿qué es lo que señala Vanessa Ann Chambers? En primer lugar, que el asunto abordado no es nuevo y que la preocupación es antigua.  Recuerda que ya en 1966, el Journal of Contemporary History inició su andadura publicando un artículo de  Sir Llewellyn Woodward en el que intentaba dar una definición de  “contemporary history”, discutiendo la periodización de Lavisse, según la cual la fecha de inicio sería la de 1789, algo poco acorde con la tradición inglesa. Un año después, Geoffrey Barraclough decía en su An Introduction to Contemporary History que  “contemporary history should be considered as a distinct period of time, with characteristics of its own which mark it off from the preceding period”, pero tampoco resolvía la cuestión. De hecho, tres décadas más tarde, , el director del Institute for Contemporary British History, Peter Catterall, se preguntaba de nuevo:  ‘What (If Anything) is Distinctive about Contemporary History?’, (Journal of Contemporary History, 32-4, octubre de 1997, 441–452). Y habría otros ejemplos más recientes.

A partir de esa primera consideración nos ofrece los resultados del estudio.  Así, según el análisis de las páginas  web, hay 14 Universidades que ofrecen 19 programas de  grado cuya base es la historia contemporánea:

Aberdeen (European Languages and Twentieth-Century Culture); Aberystwyth (Modern and Contemporary History); Bangor , en Gales,  (Modern and Contemporary History); City University (Journalism and Contemporary History) (junto con  Queen Mary); Essex (Contemporary History); Huddersfield (Politics with Contemporary History); Hull (Twentieth-Century History); Leicester (Contemporary History); Northumbria (Contemporary History and Politics); Queen Mary, de Londres, (Modern and Contemporary History), (Journalism and Contemporary History) (junto con  City University); Salford (Contemporary History & Politics), (Contemporary Military & International History); Sunderland (Contemporary History & Politics); Sussex (Contemporary History), (Contemporary History & Politics), (Contemporary History & Sociology), (Contemporary History with Languages); Teesside (Modern and Contemporary European History).

Se observa, por otra parte, que cinco están asociados con políticas, otros tantos con historia moderna, dos con idiomas, uno con periodismo y otro con sociología, reafirmando el carácter interdisciplinar que la disciplina tiene en el Reino Unido.  eso mismo ocurre en otros programas  donde el peso de lo contemporáneo es significativo:

Royal Holloway (Modern History and Politics); University of Wales Institute (Modern History and Politics), (Modern History and Popular Culture); Westminster (Modern History); Queen Mary (Film Studies and History); Central Lancashire (History); Sheffield Hallam (History. Nineteenth and Twentieth Century), (History Film and Television), (History and Politics).

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Asimismo, Chambers indica que todos los grados de historia ofrecen, como es lógico, algún módulo dedicado a la historia contemporánea, que suele ser uno de los períodos más atractivos para los estudiantes. Además, se incluye en otros programas, tales como American studies o Film studies, en un 22% de los casos.

En cuanto a los MA (Master of Arts), 13 centros ofrecen programas  de la materia, sobre todo de historia del siglo XX.

De todos modos, ¿cómo se define?, ¿qué cronología se usa? para responder a esas preguntas, esta profesora realizó la mencionada encuesta. El resultado:  el grupo mayoritario, el 44 %, se inclina por llamar historia contemporánea al período posterior a la II Guerra Mundial. Del resto, citando lo más representativo, cinco optan por decir “desde 1900 a la actualidad”, otros cinco la llaman “‘modern history”,   cuatro dicen que abarcaría desde la I Guerra Mundial y tres se quedan con  el siglo XX.   Por otro lado, el 60 % de los encuestados opina que ese período se diferencia claramente de los otros, pero un 28% lo niega.  Y, ¿qué es lo que lo distingue? La proximidad a acontecimientos, en vecindad con la memoria,  de importancia para el presente. eso es lo que señala la mayoría.

También preguntó si se consideraba que los estudiantes de pregrado llegaban  bien preparados.  Casi la mitad de los encuestados (47 por ciento) considera que están bien o muy bien  preparados para dedicarse  a la historia contemporánea.  Sin embargo, el 31 por ciento cree que no lo están. hay otro problema, y es que en el sixth-form (más o menos nuestro bachillerato),  se concentran sobre determinados aspectos de la historia contemporánea (por ejemplo, la Alemania nazi o el fascismo), lo cual es  un arma de doble filo. Aunque parece que los estudiantes se sienten más cómodos con el estudio de la historia contemporánea que con otros periodos y están más familiarizados con determinados aspectos de la misma, el inconveniente es  e que algunos estudiantes eligen módulos que les son   familiares, como el nazismo, creyendo que obtendrán mejores notas. En ese mimso sentido, tienen poco conocimiento de otras áreas, o de la propia cronología de la historia contemporánea, poca conciencia de otras cuestiones específicas relacionadas con el análisis histórico o con el pasado más reciente  y muy poco conocimiento empírico.

En cuanto a los recursos utilizados en la enseñanza, además de los  tradicionales  (artículos de revistas, libros, etc),  es general  la utilización de  películas y documentos en línea. Sorprendentemente, dice Chambers sin conocer otras latitudes, una cuarta parte de los encuestados declaró que la historia oral   no se utiliza para  la historia contemporánea. Los archivos sonoros  son aún menos utilizados, pues  el 36 por ciento de los encuestados no los emplean. Casi la mitad de los encuestados (47 por ciento) afirma que el uso de estos otros recursos no se controla ni evalúa, aunque el mismo porcentaje de los encuestados declara lo contrario.   La mayoría  (53 por ciento) cree que no está utilizando plenamente la gama de recursos disponibles para el estudio de la historia contemporánea. Como es lógico, las razones aluden a  la falta de tiempo o de ayudas. La autora del estudio concluye de ello que  muchos de los que se dedican a la enseñanza de la historia contemporánea se muestran  frustrados por su incapacidad de aprovechar plenamente la gama de recursos  disponibles. Además, añade, los resultados de la encuesta parecen poner de relieve un cierto nivel de confusión entre esos docentes  entre lo que está  disponible  y la mejor manera de acceder a este material, lo cual produce un bloqueo.

Vinculado con lo anterior está la evaluación. Más allá de las prácticas tradicionales (exámenes, lecturas, trabajos, exposiciones), de las  19 respuestas a esta pregunta, en  once casos se indicaba que no había ningún método particular. Las otras ocho respuestas mencionan, en cambio, una variedad de nuevos o diferentes métodos de evaluación, que van desde  los diarios y  blogs, presentaciones,   prácticas sobre historia oral, recursos de internet, audiovisuales,  etc.  de todos modos, la mayoría continua utilizando el sistema tradicional.

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En fin, todo esto y algunas cosas más en el artículo citado.

Recordemos en todo caso que Vanessa Ann Chambers se doctoró con todos los honores en el Institute of Historical Research en  2007 con una tesis titulada  ‘”Fighting Chance”: War, Popular Belief and British Society 1900-19512″, cuya publicación está preparando. Ahora mismo es Associate Research Fellow en la mencionada University of Exeter,  donde trabaja sobre el impacto de los bombardeos en suelo británico durante la II Guerra Mundial.

Los mejores blogs de historia (2008)

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Como cada año desde hace cuatro, y aprovechando la reunión anual de la AHA, se presentan los Cliopatria Awards for History Blogging. Veamos:

Mejor Blog de grupo: The Edge of the American West

Mejor Blog individual: Northwest History

Mejor Blog nuevo: Wynken de Worde

Mejor Post: Claire Potter, “What Would Natalie Zemon Davis Do?Tenured Radical, 19 de junio de 2008.

Mejor serie de  Posts: Tim Abbott sobre la pintura de Jonathan Trumbull “The Death of General Montgomery”, Walking the Berkshires, 12 de enero, 13, 14, 17 18.

Mejor Escritor: Zunguzungu

Que ustedes los lean bien, para sonrojo de otros, como este mismo.

“Las mujeres que se portan bien no suelen hacer historia”

El título es una especie de reclamo, cuyo significado se desvela al final de esta entrada,  porque de momento quiero centrarme en cómo los historiadores americanos preparan su meeting anual, lo cual puede verse en el avance que se incluyó en su revista en línea: Perspectives on History.

El evento es gigantesco, como suele suceder, y tienen ustedes a su disposición todos los detalles por si les apetece escaparse a Nueva York entre el 2 y el 5 de enero para hacer las compras de los Reyes Magos. Ahora bien, quienes hayan sido objeto de la sacudida financiera o simplemente anden escasos de recursos, mejor que se abstengan de tales tentaciones. Los organizadores han dispuesto hotelitos tales como el Hilton o el  Sheraton, aunque han negociado precios interesantes:  $129.  Para ellos, una menudencia. De hecho, por si se les ocurre, sepan que las suites están todas vendidas. Y con la otra posibilidad contratada, el Waldorf-Astoria, ni lo intenten, no cabe ni una aguja.

¿Cómo es eso, si resulta que la profesión no vive sus mejores momentos? No hay solución al acertijo, pero podemos ilustrarnos con el texto que Anthony Grafton y Robert B. Townsend presentan en ese número de Perspectives con el título de The Parlous Paths of the Profession.

Dicen los autores que, con demasiada frecuencia, la profesión vuelve la vista atrás hacia la breve “edad de oro” de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, cuando la generación nacida en la “depresión”  entró en el mercado de trabajo coincidiendo con el baby-boom y el aumento de  la matrícula. Sin embargo, aquello fue más  excepción que norma, un momento tan fugaz que a finales de los sesenta ya había desaparecido. Después se han vivido algunos altibajos, como una cierta mejora en los ochenta seguida del desorden de los noventa. Por tanto, nadie puede predecir lo que ocurrirá  en los próximos años. Sin embargo,  podemos observar algunos cambios a largo plazo que han tenido lugar en el mercado de trabajo, cambios que afectan a las expectativas de  los doctorandos que quieren enseñar historia en colegios y universidades.

En primer lugar, la disciplina es más abierta que antaño, aunque modestamente. Los estudiantes matriculados en el doctorado proceden de muchas mas Universidades, aunque el peso de la Ivy League sigue siendo más o menos constante. En la práctica, se constata un creciente número de programas de doctorado, que han pasado de de 18 a 159 en el siglo pasado. Más aún, el número se ha más que duplicado desde 1970, un hecho citado a menudo por los críticos de la profesión histórica, que señalan que los programas se han multiplicado sin que hayan crecido  los puestos de trabajo. Sin embargo, este auge constante refleja simplemente el aumento del número de Universidades que buscan los servicios de los nuevos doctores en historia. De hecho, la proporción de instituciones con  programa de doctorado en  historia llegó a un máximo del 7 por ciento en 1970, aunque ha disminuido ligeramente (6 por ciento) desde entonces. Así pues, como hay más  programas de doctorado,  y los de alto nivel han endurecido sus políticas de admisión, los de élite tienen una menor proporción de doctores cada año. Eso parece confirmar las quejas de los críticos:   de universidades menos competitivas sale un mayor número de doctores menos competitivos en un  mercado de trabajo ya saturado . Sin embargo, todo parece indicar que los diferentes tipos de programas de doctorado sirven a diferentes tipos de instituciones, dentro del rápido crecimiento del sistema de educación superior.

Por supuesto, los programas más selectivos otorgan a quienes los cursan una clara ventaja en la búsqueda de puestos de trabajo en todas las  instituciones. En ese sentido,  el mercado de trabajo de la  disciplina es relativamente jerárquico, pues el “capital social” que corresponde a quienes hacen su tesis en esos programas desempeña una parte importante en la explicación de su éxito.  Por último, hay que señalar que casi un tercio de los profesores no se han doctorado en los   EE.UU.

Otro aspecto a considerar, desde aquella perspectiva americana, es el paso del doctorado a la función docente. Dicen los autores que en la década de 1950 existía un lapso de entre dos a cuatro años, que a comienzos del decenio de 1960 se había reducido casi a la nada. Sin embargo, con la crisis de empleo de la década de 1970, las instituciones volvieron a introducir períodos intermedios,  ofreciendo becas postdoctorales,  trabajos de profesor a tiempo parcial, etc., que no necesariamente suponían quedarse en el centro en cuestión. En ese contexto se crearon las “Societies of Fellows”, ejemplo que algunos centros han seguido recientemente con el apoyo de la Andrew W. Mellon Foundation. Se logra así  que  los jóvenes historiadores no abandonen la profesión, mientras se les da una segunda o tercera oportunidad  en el mercado de trabajo,   ayudándoles a su vez  a que conviertan sus tesis en libros.

Pero la década de 1970 también marcó el surgimiento de una  nueva fórmula, la de los profesores temporales   (a menudo para períodos de dos a cinco años). En ocasiones, era la manera de ofrecer puestos para sus propios doctores, que de otro modo quedaban desempleados; otros la utilizaban a la espera de mejores tiempos. En elmejor de los casos, esos nombramientos proporcionaban tiempo y experiencia en la enseñanza, facilitando la transición a un trabajo a tiempo completo. En su peor de los casos, sin embargo, suponía explotar a jóvenes historiadores en beneficio de profesionales veteranos, lo que dificultaba  sus perspectivas profesionales a largo plazo. Así, muchos tenían que emplearse en varios centros a la vez para poder obtener un salario digno.  Algunos, por supuesto, abandonaban.

Las recientes perturbaciones del mercado de trabajo  parecen estar cambiando también las condiciones para quienes finalmente acceden a la docencia a tiempo completo. Muchos ven su empleo como algo bastante diferente a lo que dejaron atrás, con mucha carga docente y poco tiempo  para la investigación. En la medida en que la mayoría de los programas de postgrado en  historia -incluso aquellos por debajo del nivel superior- aún se  centran en la formación de historiadores para la investigación, parece que hay una preocupante desconexión entre sus prioridades y las carreras de muchos de sus estudiantes.

Por otra parte, el análisis de los sueldos en las dos últimas décadas sugiere  que los graves problemas experimentados por el mercado de trabajo de hace una década, y los salarios más bajos proporcionalmente de los profesores asistentes, han deprimido los sueldos de la disciplina en general. Así, los salarios de los profesores de historia han caído gradualmente por debajo de la media de la academia, unos 5.000 dólares por debajo de la media de todas las disciplinas.

[Por si sirve de consuelo a Anthony Grafton y Robert B. Townsend, nuestras remuneraciones, carcomidas por la inflación, tendrían esta representación gráfica:]

Volvamos, no obstante, al texto americano.

Por lo que respecta a los jóvenes historiadores, muchos creen que el mercado de trabajo funciona admirablemente. Sin embargo, las tendencias son inquietantes. La mayoría de los programas de posgrado en  historia se concentran en la formación de investigadores, cuando la mayoría de estudiantes de posgrado van  a seguir carreras docentes. Ahora bien, en 2004, la AHA  descubrió que casi dos tercios (63 por ciento) de los doctores informaba que durante los últimos 15 años no había encontrado empleo en un Departamento.  Un buen número de ellos encontraron otras ocupaciones con sueldos y condiciones de trabajo que muchos profesores no pueden sino envidiar.  Sin embargo, la mayoría de los que están terminando su  doctorado  no se  puede decir que vayan  a encontrar puestos de trabajo para los que su formación sea muy relevante.

Conclusión: Nadie puede predecir el futuro. Sin embargo, centrándose en los grandes rasgos del mercado, podemos ayudar a nuestros estudiantes y jóvenes colegas a comprender las condiciones en las que  están buscando  trabajo ahora . Y lo que es más importante, podemos empezar a pensar sobre  la dirección en la que se está moviendo el empleo en historia y otras áreas conexas. Esto supone una responsabilidad añadida sobre los cargos académicos. Es su deber ser guardianes de sus departamentos y sus disciplinas, lo que supone reunir información acerca de sus campos, evaluar el impacto de los recientes cambios en el ciclo de la vida académica de sus jóvenes colegas,  así como recordar a los administradores que no podemos conseguir el ahorro y la flexibilidad en  el presente a costa de las futuras generaciones académicas.

*****

Y para finalizar, desvelamos el título de la entrada.

Digamos antes que, como siempre, una de  las  personas que dirigen la AHA dedica unas palabras a los lectores de Perspectives. En esta ocasión, la propia presidenta, Gabrielle M. Spiegel, cuyo texto es muy significativo en relación a cómo entienden y expresan esos menesteres: History Mom es el título. Se lo aconsejo.

Pues bien, Spiegel dejará su cargo en enero, que pasará a Laurel Thatcher Ulrich, su colega de Harvard. Es autora del celebradísimo volumen A Midwife’s Tale: The Life of Martha Ballard Based on Her Diary, 1785-1812 (1990) y  se acaba de traducir su reciente  Las mujeres que se portan bien no suelen hacer historia (Nabla, 2008).

Pues eso!

Bon nadal!


La historia: materia transversal

A finales del pasado septiembre se publicó en los USA un breve informe sobre la situación de la historia en la llamada “Liberal Education”: The History Major and Undergraduate Liberal Education: Report of the National History Center Working Group to the Teagle Foundation,  Stanley N. Katz and James Grossman, co-chairs (with the assistance of Tracy Steffes)

Recordemos que la “Liberal Education”  tiene que ver con la educación universitaria de pregrado,  el college, durante la cual los alumnos estudian diferentes disciplinas que no necesariamente tienen que ver con el posgrado que realizarán y que les dará la competencia profesional deseada. Así pues, tratar este asunto, y más con la modificación de nuestros planes de estudio, resulta  muy interesante. Vayamos a la conclusión que extraen los citados autores:

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Conclusion:

Nuestras conversaciones con colegas y las (ciertamente no sistemáticas) encuestas han señalado el considerable orgullo que sienten  los historiadores al participar en la empresa de la educación liberal. Esta confianza en la centralidad de nuestra disciplina para el aprendizaje liberal no es injustificada, ni es la simple satisfacción de  contribucir a ese plan de estudios. Las reuniones que hemos mantenido con los jefes de departamento  nos han recordado hasta qué punto los historiadores se toman en serio lo que significa la educación liberal, pero también cómo buscan formas de hacerla más eficaz. Aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad de la enseñanza de la historia, tanto para formar historiadores como para la educación liberal. Hemos identificado numerosos desafíos y posibilidades que merecen una cuidadosa atención y exigen mucha más investigación. Necesitamos saber más sobre  los supuestos que manejan    los historiadores a propósito del conocimiento previo de los métodos (adquiridos con su educación anterior) por parte de los estudiantes que desean estudiar la carrera de historia. La extraordinaria expansión de la AP de historia en el bachillerato ofrece entre otras cosas una oportunidad, porque la estandarización de la AP nos proporciona mejor información sobre cómo preparar esa prueba. Tenemos que ser más cuidadosos a la hora de situar a  la historia en relación con las otras disciplinas, y en relación con el “giro histórico” en humanidades y en otras disciplinas de las ciencias sociales. Tenemos que repensar la naturaleza de los cursos de historia para quienes no van a cursar esa carrera, y el papel de la historia como disciplina de servicio, ya que con frecuencia se exige uno o más cursos de historia a todos los estudiantes de artes liberales. De hecho, en muchas instituciones, la mayoría  de estudiantes matriculados en los cursos de historia provienen de  otros campos.

[Recordemos que AP significa Advanced Placement test: una prueba de nivel para los alumnos de secundaria orientada a no tener que cursas ciertas asignaturas en la Universidad. Acudamos a la wikipedia: The Advanced Placement Program is a program that offers college level courses at high schools across the United States and Canada. According to the Good Schools Guide International, it is “usually much more rigorous than the general course offerings”]

La secuenciación de la historia  merece una cierta reflexión. Aunque con la posible excepción de la elite de las instituciones de educación superior, es casi imposible imponer  la periodización  para una población estudiantil transitoria en medio de un debilitamiento de la capacidad institucional para sostener una completa gama de ofertas de cursos. La regulación de los créditos  también genera  limitaciones (…)

Sin duda, necesitarnos  hacer un mejor uso de la tecnología de la información en nuestra enseñanza y en las oportunidades para el aprendizaje de los estudiantes, y tenemos la ventaja de que historiadores como Edward Ayers y el difunto Roy Rosenzweig (y los Centros que han creado) nos han mostrado cómo empezar. El aprendizaje liberal del siglo XXI debe incluir un énfasis en cómo cribar la información, en la capacidad de trabajar con ingentes  cantidades de datos y referencias para identificar lo que es útil y fiable. Tenemos que insistir más en la investigación y la escritura como componentes críticos del aprendizaje del estudiante. El núcleo, la habilidad subyacente del aprendizaje liberal, es el pensamiento y la expresión analíticos, y ésta es una habilidad que sóo se adquiere con la práctica.

Tenemos que seguir examinando tanto la función de estudiar fuera como el potencial de la historia como  forma de educación experimental que se lleva a cabo tanto fuera como dentro de las aulas. Esto significa un compromiso para explorar la forma de vincular lo global con lo local en nuestra construcción de la carrera de historia. Parte del gancho de la historia   a este respecto es  su compromiso cada vez mayor con la historia pública, que en el contexto pedagógico en general  significa obtener ventaja de los recursos locales y las exploraciones de la cultura local. Esto significa en parte  formar a los estudiantes para organizar y presentar la historia para el público en general (en los archivos, sociedades históricas o del Gobierno, lugares históricos, por ejemplo). Eso también demuestra la materialidad de la historia, la presencia del pasado en el medio físico que  ancla  la experiencia cotidiana. En ambos casos, la práctica de la historia en lugares públicos, y el reconocimiento de los aspectos históricos de la cultura, nos enseñan que la democracia requiere un público históricamente cultivado. La historia, después de todo, es básica para la cultura cívica, y el historiador profesional necesita estar a la altura de la responsabilidad de examinar y dar forma a esa cultura. Por  tanto, la preparación de los graduados de historia para cargos públicos de responsabilidad en la sociedad debería ser uno de los objetivos de la enseñanza de la historia. Cada departamento, en la construcción de la carrera, puede exigir aquellas habilidades  que vayan más allá de la disposición general del aprendizaje liberal.

La cuestión de lo que deseamos que sea el aprendizaje liberal y el de la historia propiamente dicha debe  ser revisada por las  facultades de historia regularmente, y alentamos a los colegios y universidades a que  proporcionen los recursos necesarios para dicha reflexión y revisión. La discusión de los resultados del aprendizaje   alienta a los profesores a pensar cuidadosamente acerca de las competencias históricas y sobre los objetivos del aprendizaje liberal a la hora de  diseñar e  impartir cursos. Además, estas conversaciones alentarán a que los miembros del profesorado se sitúen a sí mismos en el contexto de una amplia visión de la educación liberal en la universidad. Estas discusiones en los departamentos deben ser complementadas con debates con colegas de otros departamentos (incluyendo las bibliotecas y los centros de nuevas tecnologías) y con la administración universitaria acerca de los objetivos del aprendizaje liberal. Esperamos que la administración universitaria sepa alentar estos debates transdisciplinares, iniciándolos y  encontrando formas de ofrecer recompensas institucionales (o, al menos, eliminar los desincentivos) para el profesorado que contribuya a la educación liberal más allá  de su departamento.

Congresos

Este blog esá a punto de echar el cierre por vacaciones. Con el descanso estival a las puertas, algunos colegas temerarios aprovechan para afilar sus neuronas en saraos académicos. Dos reuniones disciplinarias sobresalen entre las previstas para este verano:


 
VI Congreso de Historia Social de España, celebrado en Vitoria-Gasteiz los primeros días de julio.  Las tres jornadas han tratado como objeto fundamental “La previsión social en la historia“. Para el evento, colaboran la UPV-EHU, el Instituto Valentín de Foronda y la Asociación de Historia Social.


 

Y, por supuesto, el IX Congreso de Historia Contemporánea, que tendrá lugar en Murcia los días  17, 18 y 19 de septiembre.  Como en ocasiones anteriores, el programa es bastante apretado. De hecho, además de las ponencias, se han  aceptado un total de 315 comunicaciones. En fin, ya se ve: ¡no paramos! de producir.

Radiografía de la American Historical Association

Robert B. Townsend, uno de los más reputados especialistas sobre la profesión histórica en los USA, realiza ese somero análisis en un breve titulado “A Quick Checkup on AHA Membership“, que se publica en el propio blog de la AHA. Veamos las conclusiones:

1. Afortunadamente, no va mal el número de asociados , aunque el aumento ha sido modesto, un 1,3 por cien para llegar, eso sí, a cifras desconocidas desde finales de los sesenta: 14,903 afiliados.

2. No parece sorprendente que más del 60 % de los afiliados sean licenciados (en Universidades o “members at four-year institutions”). Gracias al creciente aumento en el número de estudiantes graduados entre sus miembros, éstos suponen un porcentaje importante de ese segmento –ahora mismo vienen a ser un tercio de los licenciados. Mientras tanto, también se ha incrementado el número de quienes trabajan fuera de lo que llamaríamos la academia, debido a los esfuerzos del Task Force on Public Historians, de modo que representan un 18 %.

3. Al margen de lo anterior, alrededor del 60 % reconoce que está cursando el doctorado. Como ejemplo del rejuveceniciemto de la Asociación, quienes lo han obtenido con posterioridad a 1999 suponen el 40 % de los afiliados. Una parte importante se ha especializado en historia de Europa (38.5 %), una proporción que supera ligeramente a quienes se decantan por la historia norteamericana (35.4 %) . El número de especialistas en ambos campos ha crecido durante la década pasada, pero menos que lo ocurrido con quienes trabajan sobre otras partes del mundo.

4. Finalmente, una de las tendencias más curiosas del pasado lustro es el auge de los que se dedican a la historia religiosa. Se entiende que un campo tan de moda como la historia cultural haya crecido de forma significativa en las dos últimas décadas, pero sorprende más que la historia religiosa haya tenido una subida aún más rápida, doblándo casi el número de especialistas entre 1992 y 2008. Este año ambos campos alcanzan la paridad, pues fueron escogidos por un 7.3 % de los afiliados, y encabezan los campos preferidos.  Por su parte, en cuanto a los sectores en retroceso, destaca sobre todos los demás la historia social, que representaba casi el 15 % en 1992 y ahora no llega al 4 %. Ha caído también la historia de las mujeres (que no del género, que la ha sustituido en parte), la intelectual, la de las relaciones internacionales y la política, entre otras.

Por supuesto, no ocurre lo mismo en otros lugares, pero es una tendencia que conviene retener, dado el peso que nuestros colegas americanos tienen en la profesión a escala global.

Finalicemos con las cuotas. Recuérdese que son unos catorce mil y que, como se observa en el primero de los gráficos, los impagados escasean. El presupuesto, pues, será importante, aunque no tenemos datos para los últimos años. La sección de Annual Reports sólo llega hasta 2006. Auel año los ingresos por cuotas sobrepasaron el millón de dólares, lo cual es una parte sustancial del total disponible: 3,38 millones. En cuanto a los gastos, y dejando de lado el bocado que supone la parte administrariva y la organización de la reunión anual, la palma se la llevaba la publicación de la revista (AHR). Sin embargo, tengamos en cuenta que esta publicación costaba unos 740 mil dólares y generaba más de 850 mil, al menos en 2006.
Categoría Cuotas

Students (1) $37
Under $20,000 $42
Over $20,000 $77
Over $35,000 $89
Over $45,000 $105
Over $55,000 $117
Over $70,000 $141
Contributing Member $177
Life Member $2600
Emeritus/Retired Member (2) $52
Joint Spouse/Partner of Member $42
Associate Member (3) $52
K-12 Teacher (AHA/SHE) $64
K-12 Teacher w/Review $92

Notas:
1. Se exige certificación que dé constancia de ello.
2. Para obtener esa categoría de Emeritus/Retired uno ha de haber estado afiliado a la AHA durante 10 años.
3. Para aquellos cuya primera especialización no es la historia.

Si alguien se lo piensa y rellena la solicitud de inscripción, recuerde que ha de añadir veinte dólares en concepto de gastos de envío, suplemento del que sólo se exime a quienes viven en los USA.

N.B.: En otro orden de cosas, acaba de aparecer el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) con datos del curso 2004-2005. Una lectura recomendable. Incluye diversos rankings de las Universidades públicas presenciales, sobre todo en el capítulo 5 (El papel de la universidad en España. Barómetro de situación).

El día del orgullo académico (la investigación en Francia)

El pasado 27 de mayo tuvieron lugar en Francia diversas manifestaciones, las más numerosas en su ámbito (en total unas ocho mil personas) desde 2004,   convocadas por la agrupación Academic Pride (referencia directa al día del orgullo gay, es decir, al Gay Pride).  El lema utilizado era   «marche de tous les savoirs» y querían   manifestar  su apoyo a  la investigación y la Universidad en  general, así como el orgullo de pertenecer a una comunidad científica que desea seguir siendo autónoma del poder político. Previamente se había reunido el consejo de administración del CNRS   para examinar el plan de reestructuración presentado por el gobierno.   Mientras tanto, la ministra del ramo, Valérie Pécresse, intentaba   (in)tranquilizar sobre el posible desmantelamiento de tan cara institución.

Las cosas son según se miren, pero hay ciertos indicios reveladores. El gobierno francés, como otros, manifiesta su prioridad por la investigación científica. Se dice que el presupuesto de la educación superior y los organismos de investigación (el ministerio de l’enseignement supérieur et de la recherche) ha aumentado casi un 8%. El CNRS, la joya de la corona, ha pasado de tener 3,08 miles de millones de euros de presupuesto en 2007 a 3,277 en 2008, con más de 32.000 personas a su cargo (26.000 de las llamadas statutaires, es decir, unos 11.600 chercheurs y otros 14.400 que se califican como ingénieurs, techniciens y administratifs) y 1.200 unidades de investigación y de servicio.    Bastaría comparar con nuestras cifras para que cundiera el desconcierto. ¿Qué quieren nuestros vecinos? ¿De qué se quejan?

Pues bien, el asunto son las reformas que hay tras ese balance numérico, reformas anunciadas con claridad por la ministra el pasado 22 de mayo en Le Monde El organismo afectado es, por supuesto, el CNRS. Señala Pécresse que se crearán seis institutos nacionales de investigación (matemáticas, física, química, ingeniería, ciencias humanas y sociales, ecología y biodiversidad), que se  añadirán a los dos ya existentes  (física nuclear y   ciencias del universo). Las ciencias de la vida y   la informática, que representan el 23% del personal del CNRS, se coordinarán con otros organismos  (INSERM,   INIA,   CEA e INRIA).  En fin, se trata de modificar” l’ensemble du paysage scientifique français”, nada menos. Y, en cuanto, a los organos directivos: “Les directeurs des instituts nationaux seront nommés par arrêté ministériel, sur proposition de la direction du CNRS. Je souhaite, par souci de transparence et pour attirer les meilleurs scientifiques, que soit lancé un appel à candidatures international. Quant aux moyens affectés au CNRS, un directoire collégial, composé des directeurs des différents instituts et directions, décidera de leur répartition”.

La entrevista se publicó el 20 y los sindicatos respondieron a los pocos días denunciando esos planes. De todos modos, la cosa venía de lejos y, si quieren comprobarlol, les remito al manifiesto titulado Pas de CNRS sans Sciences humaines et sociales!, firmado por más de tres mil académicos y difundido por la asociación Sauvons la recherche a mediados de abril.  Según los críticos, el objetivo del Gobierno no sería  modernizar o  hacer más competitiva la investigación francesa,  sino   acentuar el control del Estado sobre la investigación pública, control calificado de necesario por el célebre informe Attali. Así pues, su intención sería  desmontar el CNRS, para lo cual  contaría con una punta de lanza: ANR. Es decir, el  Estado concede un sinfín de subvenciones, pero las va orientando hacia aquello que el gobierno considera prioritario, seleccionando determinadas áreas o disciplinas. Y eso queda corroborado con la nueva  Agence nationale de la recherche (ANR), cuyo presupuesto ha crecido un   16%, alcanzando en un santiamén los   955 millones de euros. Y eso que no tiene ni dos años de vida, pues se creó el primero de enero de  2007 para conjugar las subvenciones públicas con el patrocinio de   las empresas privadas. De hecho, es “une agence de financement de projets de recherche”, cuyo “objectif est d’accroître le nombre de projets de recherche, venant de toute la communauté scientifique, financés après mise en concurrence et évaluation par les pairs.”  Por supuesto, se trata una investigación orientada (a los intereses empresariales)  a partir de proyectos de un máximo de cuatro años.  Además, se señala, el CNRS seguirá pagando investigadores financiados por el ANR, evaluados por L’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) y gestionados por las    universidades. Pero lo fundamental sería que el CNRS sigue siendo un núcleo de resistencia al control gubernamental, pues mantiene su influencia sobre la estrategia de buena parte de las disciplinas y sobre la interdisciplinariedad, con lo que se trataría de aplicar la máxima de “divide y vencerás”.

De momento, el CNRS ha sido cauto y sólo ha sacado un comunicado conjunto con el INSERM sobre el futuro de la investigación biomédica, pero la cosa promete. El próximo 19 de junio se reúne el consejo de administración del CNRS para decidir su postura y, aprovechando la ocasión, el Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU)  ha convocado, junto con los organismos de invesyigación y enseñanza superior, distintas manifestaciones.

Veremos qué sucede. En cualquier caso, la política francesa sobre este asunto no está muy alejada de la que ha dibujado la nueva ministra de Ciencia y Tecnologia en las declaraciones que ha realizado recientemente.

Salarios del profesorado universitario

La AAUP (American Association of University Professors) presenta su balance anual sobre el estatus económico de la profesión. Veamos algunas conclusiones:

a) han mejorado su salario, pero por debajo de la inflación: “The increase in overall average faculty salaries thus lagged behind inflation for the third time in the last four years”.

b) persisten las diferencias entre los centros públicos y los privados: “According to AAUP data, a full professor at a public doctoral university in 1970–71 could have expected a salary equal to 91 percent of what a colleague at a comparable private university might earn. This year, the same average proportion has declined to only 76 percent, having dropped steadily over the decades”.

c) los profesores a tiempo completo reciben salarios muy inferiores a otros cargos y empleos en sus centros. El caso más significativo son los entrenadores de equipos deportivos. Hay un cuadro bastante elocuente (el informe incluye otros muchos), donde vemos que un profesor gana una media de 104 mil dólares (salario ajustado a una base de nueve meses), cantidad muy alejada de la que se paga a un coach

Sin ánimo de incordiar, por supuesto, podemos comparar esos salarios con los que se ofrecen en Europa. No conozco ningún estudio sistemático, pero podemos echar mano del informe titulado “International wage differences in academic occupations“, realizado en 2007 por SEO Economic Research, un organismo de la Facultad de Economía de la Universidad de Amsterdam. En este caso, no se incluyen las extras ni ningún otro bonus, de los muchos y variados que se cobran en el universo europeo. Por otra parte, hay que tomar los datos con gran cuidado, dadas las distintas carreras universitarias de cada sistema y sus grandes diferencias.

País

Asistente

Asociado

Profesor

Holanda

€ 30,609

€ 37,991

€ 46,180

Alemania

€ 24,492

€ 30,383

€ 34,657

Bélgica

€ 29,244

€ 33,778

€ 38,509

Suiza

€ 60,158

€ 69,118

€ 78,068

Suecia

€ 22,257

€ 26,666

€ 31,639

UK

€ 37,424

€ 46,261

€ 60,314

UK-top

€ 42,245

€ 47,495

€ 82,464

Francia

€ 23,546

€ 29,316

€ 37,118

.

Dejemos al margen las diferentes categorías de profesorado y centrémonos en la tercera. En España, como sabemos, el sueldo base de un docente titular, con las extras, rondaría los 32.000 euros. Los datos no son comparables por distintas razones, pero para serlo al menos habría que restar esas dos pagas de Navidad y verano, quedando la cosa en unos 29.000. Luego estarían los modestos tramos y, sobre todo, los complementos autonómicos, los cuales permiten sabrosas oscilaciones (agravios comparativos, dirían algunos) de hasta 10.000 euros anuales según el territorio.

Sea como fuere, las diferencias con otros países europeos no están sólo en el salario base sino en el potencial de incremento.

Los últimos profesores

Un título provocativo, sin duda, el que ha escogido  Frank Donoghue para sostener que la deriva de la educación universitaria está amenazando algunos de sus valores fundamentales, en particular estaría eliminando al profesor tal como lo hemos conocido: The Last Professors. The Corporate University and the Fate of the Humanities (Fordham University press, 2008).

La radiografía se refiere al caso americano. Indica que menos del 30 por ciento de los profesores universitarios son fijos (vitalicios), lo cual dibujaría  un futuro en el que esta figura tendería a desaparecer. El destino del profesor, añade Donoghue, ha estado siempre unido a lo que denominamos las Humanidades.   De hecho, a su juicio, la fortaleza del sistema universitario americano  ha venido definida por la fuerza de esta rama y por el papel fundamental del profesor vitalicio, autónomo, que ejerce al tiempo de docente e investigador.   Con todo, ahora mismo prevalecería una nueva  lógica corporativa: las facultades han de ser gestionadas por la eficacia, la productividad y la ventaja competitiva;  ocasionales ejércitos de adjuntos y de estudiantes de tercer ciclo cubren la demanda de profesores.

Donoghue analiza los cambios estructurales  de la educación superior -el auge de los Colleges y de las Universidades con ánimo de lucro, la frenética lucha por el prestigio, la competencia feroz por los doctorados–   que amenazan la supervivencia de los profesores tal como los hemos conocido.

Los historiadores debaten (abiertamente)

Hace ya unas cuantas semanas dimos cuenta de la reunión anual que celebraron los colegas americanos, con un amplio abanico de conferencias de la AHA y la OAH. Ha llegado el momento de revisar lo que allí se expuso y debatió. Pues bien, ya es público, pero no como suele ser habitual. ¿Saben ustedes cómo se han difundido aquellas sesiones? Puede que no lo crean, pero ha sido en Youtube. Hay que ver! Eso sí, el trabajo no lo han hecho esas asociaciones corporativas, sino Rick Shenkman para la mágnífica página History News Network. Un documento interesante y significativo (en muchos aspectos).

Cambios en la revisión académica

Quizá haya que remontarse a finales del siglo XVII, con la creación de la Royal Society, para rastrear la genealogía del método académico.  La fijación de la autoría, la difusión del conocimiento, la evaluación por pares, etc., proceden de aquellos tiempos remotos y se han mantenido más o menos incólumes hasta la actualidad. La era digital, no obstante, está modificando algunas costumbres arraigadas.

Tomemos el ejemplo de Noah Wardrip-Fruin,  profesor de comunicación de la University of California (San Diego).  Este docente, con ánimo de experimentar sobre algunas de estas cosas, ha estado subiendo semana tras semana (10 en total) parte de su próximo libro en un blog creado al efecto, permitiendo que cualquier persona pudiera criticarlo. No es la primera vez que un  autor académico hace uso de este tipo de revisiones paritarias abiertas ni tampoco es nueva la discusión sobre este asunto, pero sí es uno de las adelantados en utilizar un blog académico.  Por esa razón, if:book, el blog del  Institute for the Future of the Book, señalaba a finales de enero:  

“Un nuevo  y emocionante experimento comienza hoy (…). Atañe a una comunidad, a un manuscrito  y a un proceso abierto de revisión paritaria – y, de forma significativa, con la bendición de una de las principales editoriales universitarias”.

Se refería, por supuesto, a Noah Wardrip-Fruin,  al blog Grand Text Auto  en el que  se aloja y a su futuro libro Expressive Processing: Digital Fictions, Computer Games, and Software Studies, para lo cual el autor ha contado con la complicidad de su editora: MIT. Además, se ha utilizado una plantilla especial desarrollada precisamente por el Institute for the Future of the Book para WordPress, la denominada CommentPress:  una herramienta cuya particularidad consiste en permitir que los lectores comenten párrafo a párrafo en los márgenes del texto en cuestión. Una aplicación, pues, que en este caso ha dado buenos frutos y que ha sido bien recibida por al público académico.

 noah2.jpg

La cosa está ya en la parte final, pues el último capítulo ya ha aparecido, y ha permitido al equipo de trabajo que se ha involucrado llevar a buen término los objetivos propuestos: ver cómo funcionaría la revisión utilizando un blog, comparar los resultados de las dos formas de revisión  y (lo más importante) recopilar respuestas  de la comunidad para  mejorar el volumen. La UCSD, que es donde trabaja Wardrip-Fruin, así lo ha comunicado, recogiendo parte de sus impresiones: 

“when I write traditional reviews for journal articles and books, I tend to focus on the high level argument, and the shape of that argument, and whether the authors are making their case. Unless something is glaringly wrong, you just don’t take the time in one of those three-page reviews to say, by the way, they get this example subtly wrong. So one of the advantages of blog-based peer review is that people really engage with each section of the manuscript”.

En fin, añade:

“I hope I won’t be the last person to do this. I’m hoping we’ll see more experiments of this sort once we release the software for other people to use. When that happens, we’ll hopefully be able to write up some recommendations for when this kind of peer review can be a powerful addition to traditional peer review, and what sort of audiences we think should pursue it and how”.

A ver si alguien se anima…

Escándalo en el doctorado

A principios de septiembre del pasado año, la agencia de noticias alemana Deutsche Welle distribuyó un comunicado con el siguiente encabezamiento “Profesor alemán de derecho envuelto en un escándalo de sexo y corrupción“. Toda la prensa alemana cubrió el asunto. Ahora aquella agencia nos informa de la resolución.

Resulta que este docente de la Leibniz University (Hannover) ha sido condenado  a tres años de cárcel tras haber dictaminado los jueces que recibió dinero de estudiantes que cursaban estudios de doctorado. Al parecer, se habría embolsado con ello una suma de 153.750 euros, aceptando ese soborno a cambio de permitir a determinados estudiantes como candidatos doctorales aunque no cumplieran los requisitos académicos. De hecho, de los 68 estudiantes que dicho profesor aceptó, solamente 10 obtuvieron finalmente el título de doctor. Todo ello consta en la sentencia y en la completa confesión que realizó ante el juzgado correspondiente, afirmando que el metálico le fue entregado por una empresa consultora, la cual a su vez lo recibía de los alumnos.

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Como agravante queda el hecho de que no se conformara con recibir un buen fajo de billetes. Durante un  juicio anterior, se impuso una multa de  1.800 euros a una estudiante que negoció otorgarle sus favores sexuales a cambió de que le subiera las calificaciones y así poder conseguir  un trabajo en la universidad. Y eso se supo porque otras alumnas denunciaron sus particulares métodos de evaluación.

Añadamos que el docente se excusó diciendo que su sueldo neto apenas llegaba a los 5.000 euros y que ese monto era insuficiente para hacer frente a las  deudas que atrastaba. (A los ajenos al mundillo les conviene saber que eso es más del doble de lo que se paga por aquí, pero que las deudas las tenemos igualmente abultadas, con las hipotecas suspendidas de la bóveda celeste).

En fin, parece ser que los falsos doctorados constituyen una lacra en la Germania toda, dada la escasez de plazas y lo bien considerado que está ese título. Nada que ver con Hispania…