Allá por el año 2009 se publicó un volumen titulado Afro-Latino Voices. Narratives from the Early Modern Ibero-Atlantic World, 1550-1812 (Hackett), editado por Kathryn Joy McKnight y Leo J. Garofalo. Entre los varios textos de interés incluidos, había uno especialmente curioso: “To Live as a Pueblo: A Contentious Endeavor, El Cobre, Cuba, 1670s–1790s”, escrito por María Elena Díaz. Digo curioso porque empezaba así:
“Los cuatro extractos documentales de este capítulo, que abarcan un largo periodo de unos 120 años, ofrecen una rara visión, compuesta a través del tiempo, de una comunidad «inusual» de personas de ascendencia africana en la América Latina colonial. La comunidad fue fundada por «esclavos reales», es decir, esclavos pertenecientes al rey de España. Después de que la Corona española confiscara las minas de cobre de Santiago del Prado (también conocidas como El Cobre) en la década de 1670, los esclavos que habían trabajado en el asentamiento minero, anteriormente privado, se convirtieron en esclavos del rey. La transformación de esclavos mineros «privados» en esclavos reales produjo una serie de cambios significativos -incluso radicales- en la identidad de estos súbditos esclavizados y en sus condiciones de vida y trabajo. El más importante de ellos fue la oportunidad de fundar un pueblo en la jurisdicción minera, recientemente desprivatizada. Las diversas voces directas y mediadas representadas en estos documentos evocan las dificultades a las que se enfrentó esta controvertida comunidad tras su creación en la década de 1670.
Las comunidades pueden adoptar muchas formas formales e informales, y no todas pueden considerarse pueblos. En el imperio español, los pueblos eran corporaciones comunales con algunos derechos sobre la tierra y un autogobierno limitado, y constituían unidades políticas dentro del sistema de gobierno imperial. (…)”.
En realidad, aquel ensayo era una breve presentación, contextualización y comentario de cuatro documentos, pero es a partir de ellos y de una intensa investigación documental en el Archivo General de Indias de donde procede el libro que hoy nos ocupa: From Colonial Cuba to Madrid. Litigating Collective Freedom and Native Rights in the Spanish Empire, 1780–1814 (Cambridge UP).
Y así sigue:
“Me he entregado a esta gran defensa que es esta pretendida libertad, que era tan confusa, oscura y profunda que ha sido necesario fundarla con mucha eficacia y santo celo (Gregorio Cosme Osorio, Madrid)
Fui vendida como esclava de carga [esclava de armazón] a pesar de haber nacido, criada y educada en un Pueblo de los dominios de nuestro católico monarca [El Cobre] (Margarita González, Sancti Spíritus, Cuba)
Uno de los grandes debdos que los homes pueden haber unos con otros es naturaleza; (…) la naturaleza los face seer como unos por luengo uso de leal amor (Siete Partidas)
Las palabras de los dos primeros epígrafes fueron escritas hace más de 230 años, en una época en que la libertad ocupaba un lugar central en el discurso político y filosófico del mundo atlántico, pero sus significados eran esquivos. Una época en la que la esclavitud, principal condición antitética de la libertad entonces, se expandía y se transformaba en una «segunda esclavitud» en muchas regiones del hemisferio americano, incluida Cuba. Este libro trata de la escandalosa esclavitud de más de 1.000 mujeres, hombres y niños que habían vivido como un pueblo en la Cuba colonial durante más de 100 años y de la demanda de libertad sin precedentes que presentaron ante el más alto tribunal imperial de Madrid en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El primer epígrafe procede de la carta de un liberto que había sido esclavo real en ese pueblo pero que residía entonces en la corte imperial de Madrid. Durante más de una década, Gregorio Cosme Osorio había estado en el exilio actuando como representante legal (apoderado) de los demandantes esclavizados que buscaban la libertad y el regreso a un pueblo que consideraban su patria local. Agotadas todas las vías legales de recurso en la colonia, Cosme y otro compañero, un artesano pardo llamado Carlos Ramos, viajaron clandestinamente a Madrid bajo el patrocinio de un mediano comerciante español residente en La Habana llamado don José Espinoza de los Monteros. Los viajes transatlánticos de este tipo eran poco frecuentes para los súbditos afrodescendientes y, en general, también para los no españoles del imperio.
Una vez en Madrid, los tres hombres presentaron conjuntamente una petición en el Consejo de Indias en 1784. En ese documento, se presentaban como «naturales» de diferentes localidades del imperio: uno de villa Manrique en el «reino de Sevilla» español y los otros dos de la comunidad agraviada, un pueblo llamado Santiago del Prado (alias El Cobre) en la isla de Cuba. Los peticionarios también se referían a los demandantes esclavizados a los que representaban como «naturales de dicho pueblo de Cuba»: pedían justicia, decía su petición, «en nombre del resto de los naturales de dicho pueblo de más de 6.000 almas que han sido desposeídos de su libertad y entregados como esclavos». Aunque las 6.000 almas citadas como naturales de Santiago del Prado constituían un recuento de población inflado (la cifra se acercaba más a 1.400), su invocación de esa categoría aparentemente descriptiva era significativa. O, mejor dicho, la hicieron significativa en la acción de libertad que presentaron ante el tribunal. Unos años más tarde, Margarita González, una de las demandantes amparadas por la acción colectiva de Madrid, también presentó una petición de libertad en los tribunales inferiores de la colonia. El fundamento de su reclamación de libertad, como sugiere el segundo epígrafe, era esencialmente que era natural de un pueblo, y por tanto no esclava, y que su patria local formaba parte del imperio católico de España. Eran motivos inusuales para reclamar la libertad en el imperio español, o incluso en el mundo atlántico, al menos en términos jurídicos tradicionales. Pero, de nuevo, esta acción legal (y política) era inusual en muchos sentidos, y también lo era la comunidad que la respaldaba. Las palabras lapidarias del tercer epígrafe se remontan a la época medieval, al código jurídico fundacional castellano de las Siete Partidas, del siglo XIII. Sin embargo, seguían formando parte de un concepto cultural, social y político de pertenencia para muchos súbditos de todo el mundo ibérico, y también sustentaban la reivindicación de libertad de Margarita González en la colonia.
Cientos de hombres y mujeres del pueblo de El Cobre lucharon con uñas y dientes durante las décadas de 1780 y 1790 en Madrid y Cuba contra las transformaciones que se estaban produciendo como parte de las reformas imperiales de la Corona borbónica en esta región del oriente cubano: políticas que también estaban creando otro tipo de disturbios en otras partes del imperio. El pleito que centra este libro se convirtió en la mayor y más compleja acción de libertad en los anales del archivo colonial español al menos hasta principios del siglo XIX, quizás también más allá. Situado principalmente en el marco del discurso jurídico y político del Atlántico español, este controvertido pleito por la libertad planteó novedosas reivindicaciones asociadas a la natividad (naturaleza) y a los derechos de los nativos que ampliaron las nociones de libertad y pertenencia entre los afrodescendientes de esta región en un momento en que las cuestiones de la esclavitud y la libertad encendían muchas partes del mundo atlántico. ¿Qué pueden revelar a los historiadores de Cuba, el imperio español y el mundo atlántico en general las reivindicaciones de esta notable acción legal y los acontecimientos y litigantes que la sustentaron?
(…)
El conflicto y el litigio colectivo examinados en From Colonial Cuba
to Madrid se desarrollaron en una época en la que la Corona española de los Borbones desplegó una amplia serie de políticas «ilustradas» para renovar -y modernizar- sus colonias de ultramar haciéndolas más productivas y, de hecho, más «coloniales». Las llamadas políticas económicas ilustradas y pro-esclavistas de los monarcas Borbones se implantaron con mayor rapidez y eficacia en algunas localidades americanas que en otras. En el Caribe, y especialmente en Cuba, las reformas imperiales se orientaron hacia la mejora de las colonias militares comercialmente improductivas y su transformación en agroindustrias esclavistas para la producción y exportación de cultivos comerciales, principalmente azúcar. La Habana lideró la transición hacia un régimen de plantaciones azucareras basado en la importación masiva de mano de obra esclava africana. Los efectos de la «revolución del azúcar» de La Habana fueron duraderos y profundos, ya que el azúcar se convirtió en el «rey» de la isla durante los dos siglos siguientes. Otras regiones, menos dinámicas, pero no menos afectadas por el impulso reformador imperial, son menos conocidas. El este de Cuba, y su capital jurisdiccional en Santiago de Cuba, carentes de capital, salidas comerciales y recursos en aquella época, se quedaron rezagadas en la mejora «moderna» de la región y se quejaron de una menor atención real que La Habana. Sin embargo, ir a la zaga de La Habana no significaba, especialmente en este nuevo periodo, permanecer aislados o no afectados por las políticas imperiales y las tendencias globales más amplias en alguna periferia aislada, como a veces se supone. Porque fue aquí, en este llamado remanso del imperio, donde la Corona intentó poner en marcha otro tipo de industria y donde esa política tuvo resultados visibles y controvertidos de inmediato, como muestra este libro. En este caso, sin embargo, la política de reforma ilustrada se dirigió a la reactivación de una industria metalúrgica extractiva basada en las otrora ricas minas de cobre de El Cobre. Crucial para la producción de artillería, el cobre era entonces un valioso recurso estratégico para la Corona española.
El conflicto imperial global de la Guerra de los Siete Años y la ocupación británica de La Habana al final de la misma exigieron la revisión urgente del sistema de defensa militar del imperio y de su industria armamentística. En 1779, como parte de su política de reactivación militar y minera del imperio, la Corona borbónica privatizó esta antigua jurisdicción minera de cobre, con consecuencias devastadoras para los habitantes de El Cobre, cuyos derechos consuetudinarios, establecidos desde hacía mucho tiempo, se vieron repentinamente trastocados. El lugar recién privatizado -con sus «minas, tierras y esclavos»- fue entregado a tres lejanos herederos de un contratista minero del siglo XVII, Don Juan de Eguiluz, con la expectativa de que reactivaran las minas muertas y la extracción de cobre a gran escala. En lugar de ello, los beneficiarios de la hacienda minera privatizada, reaccionando ante la nueva coyuntura colonial de gran demanda de esclavos en la isla, se repartieron entre ellos a sus recién adquiridos aldeanos esclavizados y, haciendo valer plenos derechos de propiedad sobre ellos, los sacaron de El Cobre y vendieron a muchos en los mercados de esclavos en expansión de la isla. (…)
(…)”.
© Cambridge University Press / María Elena Díaz